El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha descontrolado por encima de los dos dígitos y los expertos ya asumen que la media del año se situará por encima del 8% y podría aproximarse al 9%, entre dos y tres puntos más de lo que esperaba el Gobierno hace apenas dos meses. Esto elevará notablemente la factura 'extra' de las pensiones en 2023, hasta los 16.000 millones de euros. El Gobierno ya contaba con un gasto adicional de algo más de 10.000 millones al vincularlas a la inflación media del año anterior (de diciembre de 2021 a noviembre de 2022) en la reforma aprobada el pasado año.
El Banco de España (BdE) calcula que cada punto adicional de IPC supone un sobrecoste de 1.800 millones de euros, en línea con Fedea, la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que calculan un gasto adicional de 1.700, 1.600 y 1.500 millones, respectivamente.
La revalorización de las pensiones con el IPC justo el año en el que la inflación está desbocada ha despertado las críticas de la mayor parte de los organismos económicos. El Banco de España (BdE) ha manifestado que los pensionistas deberían participar en el pacto de rentas que el Gobierno pide a trabajadores y empresarios para evitar una espiral inflacionista. En concreto, el supervisor pone el acento en las pensiones altas y excluye de esta aportación a las bajas. Sin embargo, ésta es una línea roja que el Ejecutivo no quiere cruzar.
La Comisión Europea (CE) acaba de aprobar esta primera parte de la reforma, pero con matices. Advierte de que revisará la reforma completa el próximo año y que debe haber mecanismos para compensar el aumento del gasto, pero da tiempo al Gobierno para ajustarlo.
Será en julio de 2023 cuando se analice el Mecanismo de Estabilidad Intergeneracional (MEI), una subida de cotizaciones sociales de 0,6 puntos acordada con los sindicatos a espaldas de CEOE. Justo dentro de un año Bruselas analizará el cuarto tramo de reformas e hitos del Plan de Recuperación, realizadas hasta diciembre de 2022, el tramo en el que estaba agendado el MEI, pero el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, decidió adelantar esta reforma a diciembre de 2021, y la Comisión ha concedido analizarla cuando lleve año y medio en vigor.
Bruselas ha advertido además de que el resto de elementos de la reforma de las pensiones deben cumplir los objetivos de contención del gasto comprometidos, en alusión a la que pretende que los autónomos coticen según sus ingresos reales, que el Gobierno está rebajando para intentar cerrar un acuerdo, además de que la eleva las bases máximas y de la que amplía el cómputo del cálculo.
Más gastos adicionales
Todo esto se sumará a la abultada factura extra que se está pagando en 2022, en la que se incluye la última paguilla, la paga compensatoria por la desviación de precios de 2021. Con un IPC del 2,5%, esta factura extra en 2022 se sitúa en más de 6.000 millones de euros.
Pero es que la factura va más lejos, advierte José Antonio Herce, consultor en longevidad y pensiones en LoRIS, para lo que considera que "no hay caja suficiente". Y es que cada extra de cada ejercicio tiene efectos en años siguientes mientras sigan en el sistema los pensionistas que lo reciben en un ejercicio. En 2023, por ejemplo, la paguilla de 2022 consolida. Y si se totalizan las cifras, las sumas devienen más que mareantes.
El dato del IPC adelantado de junio está desbordando todas las previsiones, incluso a pesar de que ya eran más pesimistas en las últimas semanas. El Gobierno no ofrece previsiones de inflación, pero estimaba el 29 de abril que el deflactor del PIB se situaría en el 4% y el indicador que más se le parece, el del consumo privado, en el 6,1% y 2,2% en 2023. Calviño auguró que el IPC estaría en el entorno del 2% el año que viene.
El Gobierno incumplirá sus previsiones
El avance del IPC de junio y las últimas previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) confirman que el Ejecutivo no cumplirá los objetivos marcados de moderar la subida de precios al 5%-6% a finales de este año, volviendo a situarse en el entorno del 2% en 2023, tal y como aseguró la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a principios de mayo, tras la aprobación de las medidas energéticas.
El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante un desayuno informativo celebrado el 13 de junio, continuó dibujando un escenario de inflación controlada en el entorno del 2% en 2023 y 2024. Unas proyecciones que si bien eran compartidas hace dos meses, cada vez son menos populares. "Es muy difícil hacer estimaciones en el corto plazo", matizó en cualquier caso el ministro.
El Gobierno confiaba en relajar los precios con su Plan energético, que incluye rebajas fiscales a la luz, subvenciones a los carburantes y topes en el gas, pero lo cierto es que la escalada ha continuado. El presidente, Pedro Sánchez, defiende que la inflación alcanzaría el 15% sin el plan 'anticrisis', que tiene un impacto positivo de 3,5 puntos en el IPC.
No obstante, de momento, Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), calcula un impacto transitorio positivo del orden de 2,5 puntos con las principales medidas del plan, teniendo en cuenta la ponderación de la electricidad y los carburantes en el IPC. Está por ver el potencial del tope al precio del gas en la electricidad, la medida 'estrella' del Gobierno que se espera que tenga más impacto a partir de invierno.
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