Primero fue el expresidente Emilio Saracho, quien estuvo los últimos 108 días al frente del Banco Popular. Le siguió Roberto Higuera, exvicepresidente de la entidad. Y el ex consejero delegado Francisco Gómez. El encargado de cerrar el primer mes de declaraciones fue Ángel Ron, quien dirigió el banco entre 2006 y 2017. Todos ellos, investigados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, aprovecharon su comparecencia en sede judicial para defenderse de las acusaciones en su contra y repartir responsabilidades.
El interrogatorio más extenso hasta ahora ha sido el del expresidente Ron. Acumuló casi 10 horas en los dos días que acudió ante el juez José Luis Calama para ser interpelado por la ampliación de capital de 2016 por la que se le investiga. Saracho necesitó ocho horas para responder por las supuestas filtraciones de información que se cometieron para manipular el precio de la acción del banco. Cada uno defendió su gestión y achacó responsabilidades al otro. Lo mismo hicieron Higuera y Gómez, que en una sola sesión se desvincularon de las presuntas irregularidades por las que se les acusa.
El juez Calama y el fiscal Antonio Romeral interpelaron minuciosamente a los cuatro investigados. Preguntaron por los hechos punibles que se les atribuyen a unos y a otros. Y dejaron que todos desarrollaran sus respectivas versiones de lo que sucedió en el marco de la quiebra del Popular y su posterior venta por el monto simbólico de un euro al Banco Santander.
Alteración de cuentas
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Saracho describió ante el juez lo que considera fue una mala gestión bancaria por parte del equipo de anterior. Aseguró que la situación en la que se encontraba el banco en 2017 era de "extremo peligro". Y dijo que Ron alteró conscientemente la información sobre el estado financiero de la entidad para ocultar la falta de provisiones. Esta versión coincide con la hipótesis de la Fiscalía anticorrupción. Según el escrito de ordenación de querellas, el Popular de Ron proporcionó a sus potenciales inversores "folletos de inversión e información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la verdadera situación económica de la entidad".
Ampliación insuficiente
El banquero aseguró, además, que la ampliación de capital de 2016 -por la que se investiga a su antecesor- fue insuficiente, ya que solo daba para cubrir las deudas del banco. Explicó que debió haberse realizado por 8.000 millones de euros y no por 2.500 millones. Según se destaca en las querellas admitidas contra el banco, el folleto de la emisión contemplaba en mayo de 2016 pérdidas de unos 2.000 millones de euros que serían cubiertas por esta ampliación. En dichas querellas se denuncia que, a pesar de esta operación, las pérdidas alcanzaron casi los 5.000 millones de euros.
Higuera fue el primero en contradecirle en sede judicial; el exvicepresidente respaldó la ampliación de capital. Y Gómez hizo lo mismo una semana después. Cuatro semanas después de que iniciara la ronda de declaraciones, Ron se defendió y aseguró ante el juez y el fiscal que la operación se llevó a cabo en los términos en los que hacía falta. "Era la cantidad necesaria", dijo. El exdirectivo explicó que la ampliación de capital de 2016 sin el plan posterior "no tenía sentido", por lo que considera que la negativa de su sucesor fue la que hundió al banco.
Financiación de accionistas
En el marco de las preguntas del Ministerio Fiscal, Saracho señaló irregularidades en la ampliación de 2016. Aseguró que durante la gestión anterior se había prestado dinero del banco a los propios inversores de la operación sin deducirlo del capital. Señaló específicamente al ex consejero delegado Francisco Gómez como el cargo que ordenó realizar el préstamo de 400 millones de euros para la compra de acciones. Ron respondió a las acusaciones contra el que fuera su número dos y señaló que no le constaba que hubiese instrucción del banco para ofrecer acciones a los minoristas.
Irregularidades en las tasaciones
Preguntado por el informe del Banco de España en el que se habla de presuntas irregularidades en varias de las tasaciones inmobiliarias, Saracho dijo que le "sorprendía" que en 2017 fueran inferiores a las que había hecho el banco tres o cuatro años antes. Explicó que se había reunido con la entonces directora de riesgos de la entidad, Carmen Riveras, para conocer cuánto capital faltaba en el Popular. "Me dijo que no lo sabía, me quedé asombrado", señaló al fiscal.
Reexpresión y filtraciones
Sobre las presuntas filtraciones que habrían acelerado la quiebra del Popular, Saracho reconoció que debieron existir, pero aseguró que no se produjeron por su parte y que no sabía quién podía haberlas realizado. Al banquero se le investiga, específicamente, en la segunda pieza abierta del caso Popular, en la que se investiga la supuesta divulgación de información para manipular el precio de la acción del banco.
Según la versión de Saracho todo se trató de una serie de eventos desafortunados que coincidieron en tiempo y espacio. El juez instructor llegó a preguntar al banquero si la gestión en los últimos días del banco pudo haber sido mejor, en referencia a la salida del consejero delegado Pedro Larena, la reexpresión de las cuentas de 2016 y las noticias negativas que rodeaban a la entidad. Saracho insistió en que no estaba en sus manos y apeló a la Ley de Murphy para justificar las últimas horas de la entidad.
Ron también se pronunció al respecto y calificó de "delirante" la emisión del hecho relevante del 3 de abril de 2017 en el que se comunicó la reexpresión de las cuentas. Aseguró que el hecho de que coincidiera con la salida del ex consejero delegado Pedro Larena fue una "maniobra" orquestada por su sucesor; un movimiento con el que se buscó modificar las cotizaciones y promover una fuga de depósitos de la entidad.
Sucesión
Al margen de las dos piezas que se investigan en la causa del Popular, el juez Calama preguntó minuciosa y cronológicamente sobre el devenir de los hechos que rodearon la caída del Popular. Fuentes jurídicas aseguran a Vozpópuli que mostró especial interés por el proceso de sucesión Ron-Saracho, por lo que incluyó preguntas sobre este apartado en los interrogatorios a los cuatro exdirectivos. El magistrado trató de recabar información para determinar si, tal y como denuncia Ron, el entonces consejero y accionista Antonio del Valle y la también consejera Reyes Calderón realizaron maniobras para cambiar al presidente con la única intención de vender el banco. Será esta última la que reanude el calendario de declaraciones el próximo 19 de noviembre.
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