Los países miembros de la Unión Europea han cerrado de golpe la puerta a la posibilidad de que Arabia Saudí forme parte de la lista negra que elabora el Ejecutivo comunitario con aquellos países que, a juicio de Bruselas, no hacen lo suficiente para combatir prácticas como la financiación del terrorismo o el blanqueo de capitales. La publicación provisional de la relación, en la que también se incluía a Panamá, generó inquietud entre los principales países, temerosos de que la medida ponga en peligro las posibilidades de las empresas de llevarse grandes contratos, especialmente en Arabia Saudí, que cuenta con un ambicioso programa de inversiones hasta 2030, valorado en más de 220.000 millones de euros.
Pero las presiones que han llegado hasta la Comisión Europea no sólo han llegado de lobbies europeos. Grupos estadounidenses también han sido muy activos a la hora de promover entre los estados la inconveniencia de incluir a Arabia Saudí en la relación. Aliado histórico de los norteamericanos, el país de Oriente Medio necesita de las empresas del Viejo Continente para sus planes de desarrollo, destinados a reducir su dependencia del petróleo y abrirse cada vez más a una economía de mercado.
Incluso, algunas compañías estadounidenses podrían verse afectadas también por una decisión que, en cualquier caso, no impide directamente realizar negocios y actividades comerciales en los países incluidos en la llamada lista negra pero sí impone una serie de controles más severos de lo habitual que podría complicar en exceso tanto la obtención de los contratos como la financiación para llevarlos a cabo.
Tras conocerse la postura unánime de los países miembros sobre la lista aprobada por Bruselas, que tendrá que elaborar de nuevo, la comisaria de Justicia, la checa Vera Jourova, manifestó su decepción por esta actitud y defendió que la actuación del Gobierno comunitario en este punto había sido correcta, ante las acusaciones de los países miembros de que la fase de consulta no se había realizado con la suficiente transparencia. Jourova manifestó que la Comisión había recibido fuertes presiones de lobbies de algunos de los países afectados por la decisión.
La crisis por el 'caso Khashoggi'
Uno de los más activos ha sido Arabia Saudí, con la inestimable colaboración de EEUU. Por su parte, los principales países europeos conocen de primera mano los planes de desarrollo del país de Oriente Medio y muchos de ellos ya han firmado suculentos contratos, en sectores como Defensa, Energía e Infraestructuras.
El príncipe heredero Mohamed bin Salman, relacionado por los servicios de inteligencia estadounidenses con el asesinato del periodista crítico con el régimen saudí Jamal Khashoggi, recorrió el pasado año las principales plazas europeas con el objetivo de presentar el programa Vision 2030 e incluso encauzar las negociaciones de determinados contratos, como ocurrió en el caso de España con el pedido de fragatas en el que ya trabaja Navantia.
La muerte de Khashoggi, en el consulado saudí en Estambul, abrió una crisis institucional que amenazó con complicar el futuro desarrollo del país. Sin embargo, ni siquiera países que han retirado su venta de armas a Arabia Saudí, como el caso de Alemania, ha aprobado la lista negra de la Comisión.
Otro de los nombres de la lista que desató la polémica fue el de Panamá, que podría penalizar especialmente a España, con multitud de inversiones y contratos en el país centroamericano. El rechazo de los países miembros a la lista ha provocado, por el momento, el regreso del embajador panameño en Bruselas, que procedió a abandonar la capital belga en cuanto se conoció que su país formaba parte de los 23 que integraban la lista negra de la Comisión. Una relación que tendrá que ser rehecha y en la que parece improbable que vuelva a aparecer Arabia Saudí.
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