El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado posponer la citación como imputado del magnate ruso Mikhaíl Fridman hasta el día 21 de octubre atendiendo a que por razones de salud, no puede desplazarse a Madrid en esas fechas. Rechaza así interrogarle por videoconferencia, según informan en fuentes jurídicas a Europa Press.
Fridman estaba citado como investigado por su presunta responsabilidad en las maniobras empresariales que llevaron a la asfixia a la mercantil española ZedWorldWide para el próximo 7 de octubre, pero su defensa solicitó que la comisión judicial se desplazase a Londres o la declaración se hiciese por medios telemáticos.
Alegaba, por un lado, su arraigo en Reino Unido y, por otro, que en esas fechas tiene programadas dos intervenciones oftalmológicas y los médicos le habían indicado que no podría volar en un "tiempo prudencial".
Anticorrupción se opone a la videoconferencia
Ante la solicitud, Fiscalía Anticorrupción emitió un informe en el que se oponía a una declaración por videconferencia o en el extranjero dado que se reserva la posibilidad de pedir prisión al término del interrogatorio. Solicitaba asimismo al juzgado que diese traslado al forense de la Audiencia Nacional para que certificase si efectivamente, existía un problema médico que impidiese el desplazamiento de Fridman.
De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, el forense ha certificado las alegaciones médicas de Fridman, por lo que el juez ha decidido reprogramar su declaración, que tendrá que ser presencial en todo caso para dejar abierta la posibilidad de que se celebre una vista del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que Anticorrupción pueda solicitar prisión o cualquier otra medida cautelar para el investigado.
Esta es la segunda vez que se reprograma la declaración de Fridman, que tendría que haber acudido a la Audiencia Nacional el 16 de septiembre, primera fecha en que fue citado una vez el juez, a instancias de Anticorrupción, acordó investigarle por presuntos delitos de insolvencia punible, corrupción privada entre personas jurídicas, maquinación para alterar el precio de las cosas y administración desleal.
En aquel momento, cambió de asistencia letrada y la nueva representación legal, ejercida por Baker & Mckenzie, alegó que no había tenido tiempo de estudiar la causa. Se señaló entonces el 7 de octubre, pero ahora se vuelve a posponer hasta el día 21.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación