La Audiencia Nacional ha bloqueado la documentación que ha remitido el Banco Central Europeo (BCE) al juzgado en el marco del 'caso Popular' y ha impedido que pueda ser utilizada en los procedimientos vigentes en Europa con motivo de la caída de la entidad.
En una de sus últimas actuaciones como titular del juzgado de instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional, el juez Fernando Andreu denegó la solicitud de testimonio presentada por Aeris Invest, el brazo inversor de la familia Luksic, respecto a los informes sobre Banco Popular que aportó el BCE a la causa.
Según una providencia fechada el pasado 19 de noviembre a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el objetivo de los inversores chilenos era poder aportar esta documentación a los procedimientos judiciales instados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la resolución de la entidad.
Carácter reservado
Entre estos informes se encuentra el resultante de una inspección del BCE sobre los activos adjudicados de Popular, cuyo contenido, de carácter estrictamente confidencial, adelantó este medio y dice que el banco alteró sus cuentas en los ejercicios 2014 y 2015.
Sin embargo, el juez Andreu ha impedido a los Luksic utilizar estas pruebas en Europa al amparo del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que las diligencias del sumario del caso serán de carácter reservado hasta que se abra juicio oral.
Podrían quedar años para que esto suceda, así que, de momento, los afectados tendrán que conformarse con aportar las informaciones aparecidas en prensa al respecto, según explican fuentes legales.
Los Luksic son una de las familias más ricas de Chile. Aterrizaron en el Popular en los últimos meses, cuando Emilio Saracho ya era presidente y se sabía que la situación de la entidad era complicada, pues ya había tenido lugar la junta de accionistas en la que el presidente del banco anticipó que estaba abocado a una venta o a una ampliación de capital. Con la resolución perdieron más de 100 millones de euros.
Información clave
Entre la documentación que quieren aportar los inversores andinos a los procesos vigentes en Europa se encuentran los informes resultantes de dos inspecciones realizadas por el supervisor en los últimos años de vida de Popular que aseguran que el banco se saltó, al menos desde 2014, la normativa contable establecida por la legislación española, infló tasaciones de activos inmobiliarios, refinanció a promotoras en quiebra y usó sociedades opacas en Luxemburgo para reflotar a empresas morosas, lo que "alteró" los resultados del grupo durante años y sus ratios de solvencia.
Además, están los informes del Banco de España que atestiguan que Popular contaba con 600 millones de euros en liquidez que le hubieran bastado para abrir sus ventanillas el 7 de junio, el día que fue resuelto por las autoridades comunitarias y vendido a Santander por un euro, mientras iba formalizando garantías adicionales para acceder a la liquidez de emergencia (ELA).
El pasado abril Cerquia Gestión, inmobiliaria alcarreña que reclama unos 40 millones a Banco Santander por la resolución, también pidió expedir testimonios sobre la documentación aportada a la causa por Popular y el Banco de España, pero Andreu también impidió que los informes salieran de la Audiencia Nacional por el mismo motivo.
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