El sector del PP que ha defendido los intereses de Ernst&Young ha perdido pie en la tramitación parlamentaria de la nueva ley de Auditoría debido a una consulta del Gobierno a Bruselas que ha resultado contraria a los objetivos de la firma. Este miércoles, se debaten en el Congreso con competencia legislativa plena las enmiendas parciales a esta norma y entre ellas no figura, finalmente, la que hubiera podido dar cinco años más de plazo a Ernst&Young para seguir auditando a empresas como Telefónica o Iberdrola, ventaja que le hubiera supuesto unos ingresos cercanos a los 250 millones de euros, a razón de 50 anuales. Como consecuencia de ello, la auditora de la que es socio el exministro Juan Costa tendrá que rescindir, muy probablemente, el año que viene este contrato con las empresas que presiden César Alierta e Ignacio Sánchez Galán. En algunos medios del sector se recuerda que, a partir de este criterio, Deloitte deberá renunciar también a seguir trabajando durante algún tiempo con muchos de sus actuales clientes.
Las grandes empresas deberán decidir con mayor rapidez si eligen a las firmas con las que trabajan como auditoras o como consultoras
Fuentes del área económica del Gobierno explican que la renuncia a presentar esta enmienda por parte del PP obedece a una consulta realizada a Bruselas en la que las autoridades comunitarias han concluido que conceder este plazo de cinco años vulneraría el espíritu de la directiva que España tiene que aplicar. El Grupo Popular no ha incluido, pues, esta enmienda en el proyecto, por lo que a mitad de partido –todavía queda la tramitación de la ley en el Senado – ha tomado clara ventaja Deloitte, cuyos intereses defiende el ex diputado del PP Rafael Cámara, expresidente de la patronal de las auditoras.Fuentes de una de las grandes firmas del sector explican que, en la práctica, si no surgen nuevas sorpresas, la primera consecuencia de la entrada en vigor de esta ley a partir del año que viene será una aceleración en la rotación de las auditoras que trabajan con la mayoría de las empresas del Ibex. Los planes iniciales del Gobierno consistían en retrasar hasta 2020, como mínimo, esta rotación, es decir el reparto de la tarta de negocio entre un sector que controlan las cuatro grandes: Deloitte, Ernst&Young, Price y KPMG. Sobre el papel, la reforma fija la rotación en 2016 para las auditoras que llevan menos de 10 años trabajando para la misma empresa. Transcurrido dicho plazo, solo podrían continuar otros cuatro más con su mismo cliente si sale el contrato a concurso público, siempre que entre en el negocio una segunda firma que verifique las cuentas.Incompatibilidades más rigurosasLa casuística es amplia y la nueva norma establece que las compañías que no han cambiado de auditor desde hace veinte años o más, tendrán hasta 2020 para hacerlo y las que arrastran una antigüedad de entre diez y veinte años, hasta 2023. Pero la mayoría de las empresas tienen contratos con menos de diez años y a ellas el Gobierno tenía pensado darles cinco más para que decidan quien les audita, algo que Bruselas ha cuestionado tras recibir la consulta del Gobierno.Ahora las grandes empresas también tendrán que considerar con mayor premura si les conviene más tener a determinadas firmas como auditoras o como consultoras, a la vista de las incompatibilidades que rigen en la nueva ley. Después de la polémica que ha envuelto la actuación de algunas auditoras en empresas muy conocidas, el trabajo de Deloitte en Bankia es solo un ejemplo, el Gobierno ha enfatizado la necesidad de promover la independencia del auditor. A ello obedece la prohibición para estas firmas de simultanear algunos servicios como los de contabilidad, asesoramiento legal o gestión de riesgos.
El PP ha rechazado las enmiendas de otros grupos y ha levantado las protestas del sector
El PP tiene asumido que la reforma de la ley saldrá este miércoles del Congreso con el único voto de su grupo, ya que el resto de los partidos no ha podido introducir ninguna de las enmiendas que le han trasladado algunas de las grandes firmas de auditoría, como demuestra la protesta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Registro de Economistas Auditores. Varias de estas enmiendas están relacionadas con el perímetro de la norma, pues entre bancos, aseguradoras, empresas cotizadas, instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca, afecta a casi 8.000 entidades en España, mientras que en un país como Alemania la directiva solo se aplica a 800. El sector ha reclamado al Gobierno que no aplique esta reforma a aquellas firmas cuyo volumen de negocio no supere los 1.000 millones de euros anuales y su número de empleados no alcance los 2.500. Economía va a ser permeable, en parte, a esta demanda y ha dejado fuera del alcance de las exigencias de la ley a la mayoría de los fondos de inversión.
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