José Moreno Carretero, primer accionista de Sacyr, continúa con su particular cruzada contra el presidente de la compañía, Manuel Manrique. El último episodio ha sido el voto en contra que ha emitido en los informes de gobierno corporativo y de retribuciones de Sacyr, bajo el argumento de que la constructora ha omitido información acerca de los emolumentos de algunos consejeros y también sobre del hecho de que el contrato de Manrique como presidente ejecutivo no incluye una cláusula 'claw back', que obliga a los directivos a devolver sus retribuciones variables en el caso de gestión negligente.
Aunque no se cita en la justificación, Moreno Carretero hace alusión a los casos del propio Manrique y de José Manuel Loureda y las retribuciones que perciben por su pertenencia al consejo de administración de Repsol. El apunte de Beta Asociados sólo hace mención a "una empresa participada pero no integrada en el Grupo Sacyr". Una circunstancia que, precisamente, hace que los consejeros no tengan la obligación de comunicar dicha remuneración en el informe de Sacyr.
A mediados del pasado año, Moreno Carretero incrementó su participación en Sacyr hasta situarla por encima del 16%, aunque buena parte se corresponde con instrumentos derivados. Desde entonces, el empresario ha solicitado al consejo una reordenación de los puestos de representación acorde con el reparto accionarial de la compañía.
Moreno Carretero cuenta con un consejero, a través de la instrumental Beta Asociados, mientras que Manrique también tiene un representante en el consejo, pese a que su participación se redujo a finales de 2016 por debajo del 2%, tras diversas ejecuciones de garantías por parte de los bancos acreedores.
Tras la pasada junta de accionistas, Manrique señaló que el consejo de administración abría un periodo de reflexión para tratar de que la representación del consejo fuera acorde con la distribución del capital. Las sucesivas peticiones de Moreno Carretero para acometer una reforma del consejo han caído en saco roto.
Petición desatendida
De acuerdo con la información que publicó en su día Expansión, Sacyr ultima una reordenación de la composición del consejo, aunque el nuevo esquema no le daría a Moreno Carretero una mayor representación, como pretende, sino que introduciría un mayor número de consejeros independientes, al mismo tiempo que Manrique dejaría de tener su representante.
En este sentido, Moreno Carretero justifica su voto en contra al informe de gobierno corporativo porque el documento no incluye el detalle de que el consejero Beta Asociados "ha solicitado el reequilibrio en la presencia de diversos consejeros dominicales en el consejo de administración, poniendo fin a determinados supuestos de sobrerrepresentación, sin que tal petición haya sido atendida ni contestada de forma concreta, a su juicio".
Fuentes de Sacyr señalan que la participación de Beta Asociados en Sacyr es del 5,5% según el registro de Iberclear, que es el criterio seguido por la empresa para ordenar el reparto de poder en el consejo de administración. El resto de la participación de Moreno se articula a través de derivados, por lo que las acciones a las que tendría derecho al ejecutarlos no aparecen en el registro de Iberclear.
La compañía también sostiene que el no contar con la cláusula 'claw back' no deja a la empresa desprotegida ante un posible caso de administración negligente de un consejero ejecutivo. "Se trata simplemente de una recomendación de gobierno corporativo pero el no contar con ella no significa que Sacyr no esté en disposición de recuperar los incentivos percibidos por un ejecutivo en el caso de administración negligente".
A pesar de esta nueva ofensiva de Moreno Carretero, el accionista sí ha firmado las cuentas anuales de Sacyr correspondientes al año 2017.
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