Economía

Medio millón de autónomos harán despidos de aquí a fin de año y 300.000 cerrarán

Más de la mitad de los que tendrán que despedir admite que no tendrá liquidez para pagar la indemnización correspondiente

Unos 500.000 autónomos en España prevén recortar su plantilla de aquí a final de año y un 54% admite que no tendrá liquidez para hacer frente a la indemnización de despido de sus trabajadores. 

Según el último barómetro presentado este jueves por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA, la organización más representativa del sector), un 81% de los autónomos ha sufrido una caída de su facturación en lo que va de año, lo que ha llevado a su negocio a una situación de "extrema necesidad". Tanto es así que, según los cálculos de la asociación, unos 300.000 autónomos se verán obligados a echar el cierre de aquí a fin de año.

"Estamos en una situación de emergencia. Y vamos tarde. Es necesario implementar medidas ya que salven actividades de autónomos, sus empresas y los empleos que generan", ha pedido Lorenzo Amor, presidente de ATA. "Volvemos a estar en una situación extraordinaria que necesita medidas extraordinarias".

Un 8,3% de los autónomos no tiene ningún tipo de ingresos, mientras que un 60% (1,6 millones) reconoce una caída del 60% en su facturación -insuficiente para ser merecedor de la prestación extraordinaria por cese de actividad, para la que el Gobierno exige una caída de la facturación del 75%-.

Tres de cada cuatro autónomos considera imprescindible el cobro de cualquier medida de cese de actividad (ordinaria o extraordinaria) para poder seguir adelante"

Desde el 1 de julio, sólo un 7,1% de los autónomos ha pedido esa prestación y de ellos se le ha concedido a un 72,2%. El resto no ha podido recibirla porque no tiene el periodo mínimo de cotización exigido, tiene pluriactividad o bien está de baja -por ejemplo de maternidad o paternidad-, con la que no es compatible.

Ahora mismo, ATA y el resto de asociaciones están negociando con el Gobierno para prorrogar esta prestación más allá del 30 de septiembre, aunque de momento la propuesta del Ejecutivo no les convence: "Ya le hemos dicho al Gobierno que no vamos a firmar ningún acuerdo que suponga mandar a los autónomos al precipicio", ha zanjado.

Denuncian que con la propuesta del Gobierno sólo se protegerá a 300.000 autónomos y que ellos piden algunos cambios (como que la pluriactividad no excluya de la prestación) que significaría protección para 600.000 autónomos. 

Imprescindible que sigan los ERTE

El colectivo de los autónomos también ha utilizado los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para capear la caída de la actividad sin hacer despidos, algo que se está negociando en la mesa de diálogo social este jueves.

Un 53,2% de los trabajadores por cuenta propia que tienen asalariados ha recurrido a este mecanismo. De ellos, el 33% todavía no ha podido incorporar a toda su plantilla, de ahí que ATA reclame que ese mecanismo se prorrogue más allá del 30 de septiembre.

"Seis de cada diez autónomos encuestados, el 60,2%, considera fundamental para la continuidad de sus negocios en este momento mantener los ERTE", apuntan.

Contra la postura de Escrivá

Lorenzo Amor ha explicado que el principal problema que está impidiendo que salga adelante el acuerdo para prorrogar los ERTE es el sistema de exoneraciones en cotizaciones a la Seguridad Social que propone el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá

El ministro es partidario de mantener las exoneraciones para las empresas que sí puedan reactivar del ERTE a trabajadores, mientras que sindicatos y patronal piden que esas exoneraciones sean para las empresas que no puedan abrir. 

Sobre la división sectorial, Amor ha explicado que no todas las empresas de un mismo sector están en desigualdad de condiciones. "Puede haber un chiringuito de la playa que haya facturado más este año que otros, y puede haber un restaurante en Madrid que esté al borde del concurso de acreedores", ha puesto como ejemplo.

"No queremos exoneraciones para empresas que pueden abrir, lo que queremos es que ninguna empresa se quede atrás. Hay que tener en cuenta que los despidos están capados en nuestro país, así que no podemos usar los datos de afiliación para decidir dónde se prorrogan los ERTE", ha señalado.

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