La última subasta de renovables en España, realizada en la primavera de 2017, llevó adjuntas algunas sorpresas. Además de que el interés de los participantes llevó la potencia subastada hasta los 6.000 MW, casi el doble de lo previsto, llamó la atención la irrupción de Cobra, filial de ACS, que superó a los grupos energéticos al adjudicarse algo más de 1.500 megawatios fotovoltaicos, con lo que sentaba los pilares de su estrategia en el sector. Algo que ahora que queda en el aire después que su nombre haya aparecido en el epicentro del terremoto provocado por la sanción de Competencia al denominado 'cártel del AVE'.
Junto a otras filiales de ACS, Cobra forma parte del conjunto de 15 compañías sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con una multa agregada de 118 millones de euros al considerar que acordaron prácticas de cártel para repartirse durante quince años contratos relacionados con la electrificación de las líneas de alta velocidad y también de ferrocarril convencional.
Cuando Cobra participó con todo éxito en la subasta de renovables hacía aproximadamente un año que había abandonado las prácticas contrarias a la competencia en el ámbito ferroviario. Para entonces, la CNMC llevaba ya unos meses investigando la denuncia formulada por Alstom, también componente del cártel y que se acogió al programa de clemencia para evitar sanciones a cambio de la confesión.
Cobra fue la empresa sancionada por su intervención en el 'cártel del AVE' con una mayor cuantía debido a sus elevados volúmenes de facturación
Pero las medidas adoptadas por el regulador no se quedan en la sanción de carácter económico. Por primera vez, la CNMC solicitará que los culpables sean inhabilitados para contratar con las Administraciones Públicas, lo que añade una buena dosis de incertidumbre sobre ellos, entre otras cuestiones porque, a diferencia de lo que sucede con las multas, este terreno es completamente inexplorado y las consecuencias, imprevisibles.
Problemas legales y políticos
En cualquier caso, el escenario se complica para la estrategia energética de Cobra, toda vez que el desarrollo del negocio a partir de la adjudicación de la potencia citada en la subasta pasa por una serie de trámites con las Administraciones que podrían convertirse en un quebradero de cabeza tanto para la compañía como para los poderes públicos. Cualquier autorización concedida a una compañía que tuviera vetado el acceso a contratar con la Administración Pública supondría un problema tanto en el plano jurídico como, especialmente, en el político.
El sector ha reclamado de forma recurrente en los últimos años una mayor agilidad a la hora de conceder las pertinentes autorizaciones para construir y poner en servicio las plantas renovables. Cabe tener en cuenta que, a día de hoy, aún están instalándose centrales que se corresponden con la potencia adjudicada en la subasta de 2016. Cualquier complicación añadida puede llevar los procesos tan lejos en el tiempo como para echar cualquier plan de negocio diseñado al respecto.
El proceso sancionador debe seguir su curso, dado que la resolución de la CNMC no es firme y será recurrida por las compañías afectadas. Por su parte, la solicitud de veto a contratar con la Administración irá a parar al Ministerio de Hacienda, a quien corresponde la decisión definitiva, como adelantó en su día Vozpópuli.
Cobra fue la empresa sancionada por su intervención en el 'cártel del AVE' con una mayor cuantía debido a sus elevados volúmenes de facturación. La multa se eleva por encima de los 28 millones de dólares, cerca de una cuarta parte del total de la sanción.
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