Es un documento de 13 páginas, lleva el membrete de la Comisión Europea y asegura, entre otras cosas, que el Gobierno debe plegar ya el paraguas de las ayudas a hogares y empresas. El informe lo publicó este miércoles el Ejecutivo comunitario y enumera sus recetas para la economía española. Y las ayudas en cuestión son la batería de medidas que Pedro Sánchez empezó a extender cuando Vladimir Putin invadió Ucrania.
La exigencia de Bruselas llega en el peor momento para el líder socialista, que contaba con seguir tirando de chequera, si el viento electoral sopla el 28-M como apuntan las encuestas. Es decir, mal o rematadamente mal para el PSOE. El recado de la Comisión Europea no causaría zozobra en Moncloa de no ser porque el propio Gobierno se comprometió, el pasado diciembre, a revisar las ayudas en medio año. Lo dijo Sánchez en persona, en su última comparecencia de 2022, cuando vendió la ampliación del escudo anticrisis como un regalo navideño.
El plazo cumple a mediados de junio, o sea, después de las elecciones autonómicas y municipales. El Gobierno tendrá que mojarse y, para entonces, Sánchez sabrá ya si le queda alguna posibilidad para las generales. En caso afirmativo, sería difícil resistirse a la tentación de mantener parte de las ayudas. O, al menos, las que más rédito electoral pueden reportar.
La Comisión recuerda que las cuentas públicas de 2023 seguirán notando el impacto de "las medidas prorrogadas a partir de 2022; en especial la reducción del IVA sobre la electricidad y el gas". El informe cita también la modificación de otros impuestos que influyen en el precio de la luz o las bonificaciones para socorrer a las familias y las industrias que más consumen. En el 'pack' extendido de ayudas entrarían también los cheques contra la inflación para hogares vulnerables o la reducción del IVA de una selección de productos de la cesta de la compra.
Bruselas cifra el coste total en un 0,6% del PIB. Una factura demasiado elevada a estas alturas. La guerra en Ucrania sigue viva, pero el temporal económico está amainando. La prueba más evidente es el descenso de los precios energéticos. La inflación en España sigue elevada (4,1%), pero lejos ya del pico del 10,8% sufrido en julio de 2022.
La Comisión no plantearía objeciones de no ser porque Sánchez ha abusado, precisamente, de la chequera estatal. En Bruselas no acaban de fiarse de la senda de reducción de déficit que ha dibujado Nadia Calviño. La vicepresidenta económica ha prometido cerrar 2024 con un desequilibrio del 3% en las cuentas públicas, el techo que marcan las reglas fiscales (todavía desactivadas). El Ejecutivo comunitario considera que el Gobierno no alcanzará esa meta si no aplica un ajuste del 0,7% del PIB (unos 9.000 millones). Por eso, considera imprescindible mete ya la tijera, empezando por las ayudas.
En Moncloa inquieta la doble pinza europea contra el uso de la chequera de dinero público, providencial para que Sánchez pueda llegar con una mínima esperanza a las urnas en diciembre
Bruselas cuenta con un aliado de envergadura empeño: el Banco Central Europeo (BCE). De hecho, fue su presidenta, Christine Lagarde, la primera en dar el aviso. El pasado 5 de mayo, tras aprobar la décima subida de tipos en un año, aseguró que la prolongación de las ayudas comienza a ser contraproducente para lograr el objetivo prioritario: embridar de una vez por todas la inflación. “A medida que la crisis energética se desvanece, los gobiernos deberían revertir las medidas de apoyo relacionadas con prontitud", advirtió Lagarde en Fráncfort.
Las exigencias de la Comisión y el BCE cogen a Sánchez con el pie cambiado y abre al PP otro hueco para seguir atizándole a cuatro días de las elecciones. Su coordinador general, Elías Bendodo, ha exigido este miércoles al Gobierno que "aclare" ya si va a "extender o eliminar" la rebaja del IVA en la cesta de la compra. Sánchez hará oídos sordos.
Lo que pidan los populares preocupa más bien poco estos días en Moncloa, a sabiendas de que la suerte para el 28-M está echada. Sí inquieta, y mucho, la doble pinza europea contra el uso de la chequera de dinero público, providencial para que Sánchez pueda llegar con una mínima esperanza a las urnas en diciembre.
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