El sector público local ha superado por primera vez los 700.000 empleos en 2022, año preelectoral, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Crecerán aún más en los próximos meses a medida que se aproxime la consulta municipal. Es habitual ya que los partidos que gobiernan hacen lo imposible para encajar a "los suyos" en la segura nómina pública por si no renuevan el mandato. Y lo mismo sucederá si cambia de color la corporación, ya que los nuevos gobiernos harán lo propio con sus compromisos, cuando tomen el bastón de mando de la alcaldía. Los ayuntamientos sumaban a fin de año 704.000 nóminas y la cifra puede ser superior, porque la EPA cuenta aparte 160.000 empleos de todas las empresas públicas sin identificar a qué Administración corresponde.
Mientras, acumulaban 17.281 entes principales (municipios, diputaciones, comarcas o mancomunidades), incluyendo un puzzle de 4.291 entes dependientes, que componen su 'administración paralela' (empresas, consorcios, organismos autónomos, fundaciones o asociaciones); y que se han convertido, al tener un menor control administrativo y económico, en la puerta de entrada de afines, amistades, familiares (y en muchos casos de sindicalistas y militantes de los grupos políticos).
Se trata de una amalgama de entes, en algunos casos vacíos o 'fantasmas', que sólo sirven para pagar nóminas, sin que se conozca su verdadera función. De hecho, la Intervención General del Estado, a instancias de la UE, lleva tiempo intentando desentrañarla y reducirla a lo largo de los años, con un resultado lento y cuestionable. Por ejemplo, se desconoce en muchos casos a qué ayuntamientos pertenecen, porque disponen de gestión propia.
La reducción de estas entidades, que se ha producido, en su mayor parte, por fusiones, cambios en la sectorización o extinción, no ha provocado una estampida de empleo. Por ejemplo, esos 4.291 entes (63 menos que hace un año) suponen una cifra similar a que había en 1996; y, mientras el número de ayuntamientos se ha mantenido más o menos estable (con algún incremento, seis en concreto en el último año), el empleo en el sector público local ha aumentado en casi 300.000 personas en este periodo (un 75% más) y casi en 40.000 en el último año previo a las elecciones. Y que los partidos han utilizado también a esta Administración para la colocación de sus compromisos en época preelectoral o de crisis, lo demuestra un dato: durante los peores años de la gran depresión económica, a partir de 2008, el número de estas entidades superó las 6.500. Seguramente la estadística es superior ya que sigue sin depurarse en su totalidad este enorme enjambre de entidades y la información es escasa sobre todo de los primeros años.
De esas 4.291 entidades de esta 'administración paralela' municipal (todas ellas con sus correspondientes altos cargos y en su caso consejeros), casi 1.500 son sociedades frente a las 1.185 que había en 1996 (último año de que se disponen datos). También hay: 768 organismos autónomos, casi el doble de los que había hace 26 años, así como 728 fundaciones frente a las 269 existentes entonces; 714 asociaciones de todo tipo, frente a las 428 en aquel año; 474 consorcios, casi un centenar más que en 1996; 57 entidades públicas empresariales, nueve veces más de las que había hace 26 años; y 52 comunidades de usuarios, frente a sólo una que había en aquel momento.
Aunque en 2022 ha continuado la lenta reasignación de estos entes, que incluso modifica datos ya publicados anteriores, se ha producido un repunte de casi el 4% en el crecimiento de entidades públicas empresariales respecto a 2021 mientras que se ha registrado un ajuste del 2,7% en el número de consorcios y del 2,4% en las fundaciones. En todo caso, representan una de cada cuatro entidades del conjunto de la Administración Local.
Utilidad dudosa
¿Para qué sirven estos entes? Aunque en algunos casos se desconoce el sentido de su existencia, muchos de los servicios que prestan estas unidades los podría cubrir la propia administración general municipal o los distintos sectores públicos nacionales (estatal y sobre todo autonómico). Se trata en muchas situaciones de servicios duplicados o incluso triplicados administrativamente que, además, pueden entrar en competencia con los que realizan las empresas privadas.
En su conjunto, las administraciones generales de los ayuntamientos disponen de 12.990 entidades principales. De ellas, 8.131 son municipios, y hay además: 3.685 entidades de ámbito inferior al municipio; 961 mancomunidades; 82 comarcas; 76 agrupaciones municipales; 51 diputaciones, consejos y cabildos; tres áreas metropolitanas, y una federación de entidades locales. De aquí cuelgan todas esas 4.291 entidades con dependencia conocida o sin ella.
Se han creado entidades, con la consiguiente dotación de empleo y cargos, para servicios de lo más variopinto, que convendría revisar y reasignar. Por ejemplo, abundas las empresas y entes de radio, televisión, comunicación, conservatorios, palacios de música, auditorios, centros sanitarios, teatros, museos, polideportivos, piscinas, residencias (aunque son las autonomías quienes tienen la competencia), escuelas, explotaciones agrícolas, gestión del suelo, vivienda, desarrollo urbanístico, agua, guarderías, agencias de empleo, aparcamientos, funerarias, mercados, limpieza (que suele estar subcontratada al sector privado), transporte y son habituales las comunidades de vertidos, de regantes o las asociaciones forestales.
La diputación de Castellón o el ayuntamiento de Albacete tienen una escuela taurina y el club de fútbol del Recreativo de Huelva pertenezca a la corporación
Aunque la lista es larga, llama la atención que la diputación de Castellón o el ayuntamiento de Albacete tengan una escuela taurina o que el club de fútbol del Recreativo de Huelva pertenezca a la corporación. Lo mismo sucede con: el Circuito de coches de Jerez (Cádiz); el Puerto Deportivo de Fuengirola; o que exista una fundación al Monumento a la Tolerancia en la Montaña de Tindaya (Fuerteventura) y otra privada adscrita al ayuntamiento de Lleida para el paisaje urbano.
Además, el municipio de Santander dispone de una S.A. para gestionar la plaza de toros; la diputación de Teruel tiene una S.L.U. para la prensa; el cabildo insular de Las Palmas gestiona las Destilerías del Valle S.A.; el de Valladolid regenta el edificio Hotel Feria S.L.; y la diputación de Ciudad Real mantiene aún al Aeropuerto Holding S.L. y también dispone de otra S.A. para idéntica función.
Por su parte, el ayuntamiento de Cuenca tiene una sociedad de maderas y el de Pamplona otra para el comercio minorista; la corporación de Reus (Tarragona) dispone de un centro médico quirúrgico; Alcázar de San Juan (Ciudad Real) mantiene viveros; la diputación de Álava ha creado un Centro de Cálculo; Tarazona (Zaragoza) sostiene una Casa del Traductor y la diputación de Zamora cuenta con un centro de Idiomas mientras que Hervás (Cáceres) tiene un club con pisos tutelados y la diputación de Pontevedra regenta una escuela de enfermería.
Por si fuera poco, Hacienda desconoce también, por ejemplo, a qué ayuntamiento o administración pertenecen muchos de estos entes: desde el Campo de Golf de Santiago; la sociedad Calaceite Golf S.L.; las Queserías de la Sierra Subbética S.L.; la Fundación Zoo Santillana; o la Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos.
Del ajuste o de la justificación de esta 'administración paralela' no se mencionará nada en la campaña electoral ni en los programas electorales.
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