La nueva tasa de basuras que empezarán a cobrar todos los ayuntamientos en 2025 tiene por objetivo cubrir los gastos de la gestión de residuos en los municipios, que se estima en unos 3.800 millones de euros. Esa es la potencial recaudación, lo que previsiblemente lo convertirá en el mayor ingreso municipal después del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que genera 13.500 millones al año.
Son las estimaciones ue manejan los inspectores de la Hacienda Pública Local, que presentan este viernes el "libro blanco", donde plantean casi 100 propuestas provenientes de instituciones y funcionarios públicos de la administración municipal y provincial. Los inspectores prevén que la nueva tasa de basuras que cobrarán todos los ayuntamientos por ley desde 2025 supere los ingresos municipales por la plusvalía.
La directriz general es que la tasa debe diseñarse de tal forma que cubra efectivamente el gasto de recogida y tratamiento de residuos, sin que pueda ser deficitario pero tampoco superar el coste. Para cumplir con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados, que el Gobierno asegura que aprobó para cumplir con la directiva europea de 2018, los ayuntamientos de toda España están tramitando sus ordenanzas para empezar a cobrar esta tasa desde 2025.
Este periódico ya informó de que el diseño de la ley estatal ha despertado críticas al no concretar los criterios en los que debe basarse su cálculo. De hecho, los consistorios temen que el nivel de litigiosidad en los tribunales sea como el de la plusvalía municipal, y se preparan para el peor de los escenarios. Las cuantías y las formas de pago dependerán de cada región y la fórmula escogida por cada consistorio para calcularla.
Madrid: 140 euros por inmueble de media
En Madrid, por ejemplo, se calcula que rondará los 140 euros por inmueble de media y en 2025 se tendrá que abonar en un solo pago. Durante la etapa de Ana Botella, el Ayuntamiento decidió eliminar esta tasa para los inmuebles residenciales y sólo se mantenía para los comercios. Ahora la recupera, según asegura el actual alcalce, José Luis Martínez-Almeida, por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.
Ante el temor por el alud de reclamaciones que se prevé, en Madrid se ha optado por calcular el impuesto fundamentalmente (en un 81%) en base al valor catastral de la vivienda. Desde el consistorio recuerdan que la justicia ha avalado previamente una regulación de la tasa de basuras ligada a este dato. El 19% restante para calcular la tasa que le corresponde a cada inmueble (y que el propietario podrá cargar sobre el inquilino en las viviendas alquiladas) depende del volumen de basura que genera cada barrio.
En ese último punto es donde auguran, según ha podido saber este periódico, que puede haber más conflicto. Sin embargo, fuentes internas aseguran que se han cubierto las espaldas condicionando la mayor parte del cálculo (el 81%) al valor catastral. Hay otros municipios que en la actualidad sí cuentan ya con una tasa específica de residuos para todos los ciudadanos, pero ahora el importe previsiblemente crecerá al revisar el modo de cálculo para que cubra todo el gasto, según la OCU.
Un asunto a tener en cuenta es que en los propietarios podrán cargar la tasa al inquilino. En España hay, según los datos de la Agencia Tributaria, más de dos millones de viviendas arrendadas, casi medio millón de ellas en Madrid. En total, teniendo en cuenta también aquellos que no están alquilados, los inmuebles afectados en todo el país superarán los 17 millones, 1,7 millones en la capital.
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