La intención del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de traer la Fórmula 1 a Madrid no es nueva. Tampoco casual. Las autoridades madrileñas llevan tiempo coqueteando con la idea, como también lo hiciera el Ejecutivo de Juanma Moreno en Andalucía con su circuito en Jerez. El denominador común de su oportunidad pasa por la situación de la actual sede del Gran Premio de España, Cataluña.
Las dos regiones gobernadas por el PP vienen tanteando sus opciones en el Gran Circo desde hace tres años, coincidentes con la crisis que atraviesa el circuito de Montmeló. Según las cuentas de la empresa promotora cotejadas por este diario, la Generalitat de Cataluña ha tenido que inyectar más de 17,5 millones para cubrir desequilibrios patrimoniales y financieros desde 2016. En ese tiempo, la empresa del Circuit ha ido reduciendo sus pérdidas sin bajarlas del millón por ejercicio, pese a que las subvenciones públicas se han duplicado. Desde 2020, la propiedad del circuito era ya en un 51,45% de la Generalitat de Cataluña y en otro 26,89% de la empresa pública Avança.
Las sensaciones que dejó el último Gran Premio del pasado 22 de mayo a nivel organizativo no fueron las mejores. La relación entre los promotores y los responsables del Mundial, Liberty y la FIA, ha vuelto a encajar algunos chispazos, fundados en los colapsos que se provocaron en los accesos. Y ello, después de que las partes acordaran una extensión de su vínculo hasta 2026 a condición de que los promotores acometan inversiones, de hasta 80 millones de euros adicionales en este lustro al presupuesto del GP, ya de unos 50 millones anuales.
La Generalitat, que tiene marcha un plan de mejoras de 25 millones, lleva tiempo reclamando ayudas del Gobierno para mantener el Gran Premio de Fórmula 1 en España. El Ejecutivo ya entró en escena en julio de 2020 con una medida que los promotores del Circuit consideraban esencial: la declaración del Gran Premio de España como hecho de interés general, en el marco de un Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
Dicho decreto, con validez hasta 2023, confirió al Gran Premio de España importantes beneficios fiscales, en materia de deducciones en Sociedades, Renta y otros impuestos a los empresarios participantes, tanto nacionales como extranjeros. Fuentes gubernamentales han abierto la puerta a que las bonificaciones se extiendan por otro período de tres años, hasta 2026.
Cataluña reclama más ayuda para la Fórmula 1
Sin embargo, la Generalitat reclama ahora que el Estado entre directamente en la financiación, lo que suscita más interrogantes sobre la capacidad de las autoridades catalanas para responder a las exigencias del Gran Circo. Desde el Gobierno evitan pronunciarse sobre la situación, marcada por un nuevo factor: el ya decidido paso adelante de Madrid en sus intenciones de albergar el evento, reflejado en la carta remitida por el consejero de la presidencia madrileño Enrique López al máximo ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.
"Este Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene el mayor interés en hacerlo posible", ha asegurado López, sin entrar en detalles sobre el presupuesto, las condiciones o las fechas para hacerlo. Fuentes del mercado del motor apuntan que la opción de un circuito urbano, cerca de Ifema, ha estado entre las opciones, pero, por el momento, inviables. Las miradas del sector apuntan al circuito del Jarama en San Sebastián de los Reyes, el cual precisaría de una importante reforma como así también, del convencimiento de los vecinos de la zona. Sería, en principio, una alternativa a largo plazo a Cataluña.
Más facilidades en cuanto al circuito pero con más limitaciones al margen tiene la vía andaluza de Jerez, una opción que sonó con fuerza como variante a corto plazo a Montmeló antes de toparse con el estallido de la pandemia.
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