Freno a la mayor concesión en marcha en España. La Comunidad de Madrid ha resuelto desestimar la oferta presentada por las empresas ACS -a través de Iridium- y Acciona para sacar adelante la nueva Ciudad de la Justicia, el proyecto estrella de Isabel Díaz Ayuso la pasada Legislatura.
Ya el pasado mes de febrero, las dos constructoras encabezadas por Florentino Pérez y José Manuel Entrecanales evidenciaron dificultades al presentar su oferta in extremis, horas antes del fin del plazo legal y al filo del mandato de Ayuso, con lo que, al menos, el proyecto se salvó políticamente antes de las elecciones.
Según incidieron entonces fuentes del mercado a este diario, ACS era el único grupo que se mostraba capaz de asumir la obra en las complejas condiciones actuales -de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo- sin dejar de mostrar sus dudas en la parte económica. "Se lo llevará ACS o no será", afirmaba a este medio el directivo de una de las mayores concesionarias del país.
Desde entonces, han existido intercambios de información en un proceso de negociación sin publicidad entre las empresas y los técnicos de la CAM, que solicitaron informaciones adicionales sobre el plan económico de las concesionarias.
Finalmente, han concluido que la UTE de ACS y Acciona no ha sido capaz de aportar "el programa económico con la inclusión de todos los parámetros y partidas mínimas contenidas en el programa económico base de licitación". Y ello, sin perjuicio de que la oferta de las dos empresas alcanzó 22,80 puntos sobre 30 en el apartado de juicios de valor sobre cuestiones técnicas.
El proyecto precisa 507 millones de euros de inversión a cambio de una promesa de ingresos de unos 2.000 millones en 40 años para la concesionaria. La Comunidad de Madrid ha ofrecido financiación en hasta un 50% del Banco Europeo de Inversiones, lo que no impidió que el proyecto quedara desierto en la fase abierta. Tras ella, la puja se redujo a ACS y FCC.
La única modificación que pudo hacer la CAM
A estas dos empresas apuntó la CAM con la única gran modificación que pudo hacer al proyecto original dentro del período ya negociado sin publicidad: permitir la subcontratación de la seguridad, tal y como reclamaban como "esencial" las compañías encabezadas por Florentino Pérez y Slim.
El grupo que encabeza el presidente del Real Madrid llegó a solicitar que se blinde la duración de 40 años del proyecto. Y ello, dado que el pliego no cerraba la puerta a una rescisión unilateral del contrato por parte de la Administración una vez el concesionario recupere la inversión (algo previsto a partir de la anualidad 28).
Ls obras no terminarían esta Legislatura
"Con lo de la seguridad se les despejó un escollo que decían que iban a tener", remarcaron en su momento fuentes gubernamentales tras más de dos años de tramitación bajo la tutela del consejero de Justicia y recientemente desafiliado del PP, Enrique López.
El horizonte del Ejecutivo madrileño era que su gran proyecto de infraestructuras esté terminado antes de 2027. Esta intentona no es la primera pero sí más modesta que la iniciativa ya frustrada de Esperanza Aguirre en 2004, y podría reformularse nuevamente y por completo para intentar conseguir un nuevo acuerdo, pero cuyo éxito no llegaría hasta la próxima Legislatura.
El objetivo de Ayuso ha sido reunir en un mismo enclave de 375.000 metros cuadrados las actuales 28 sedes judiciales de la Comunidad. Según los cálculos de sus técnicos, la obra podría acabar reduciendo en más de un 25% el presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructuras judiciales, de 72 millones anuales a unos 49,35 millones.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación