"Para que no se lo quede Cataluña". Es el objetivo que está detrás de la contraofensiva de Isabel Díaz Ayuso tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a grandes fortunas: Madrid recuperará el Impuesto sobre el Patrimonio que bonificó al 100% Esperanza Aguirre en 2008 y así ingresará un impuesto que ahora estaba recaudando el Estado. En concreto, 555 millones, con lo que el impuesto a grandes fortunas de Pedro Sánchez reunirá apenas 68 de los 1.500 millones que Hacienda ha comunicado a Bruselas que preveía ingresar.
La Comunidad de Madrid ha evitado referirse a una recuperación de Patrimonio y lo ha denominado "tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente el impuesto de las grandes fortunas". Insisten en que no restablecen Patrimonio sino en que hacen las modificaciones legales oportunas para que Sánchez no se quede con el dinero de los madrileños y en este caso modifican la bonificación de Patrimonio o lo que sea necesario pero no restablecen un tributo "en el que no creen".
Queda descartada una vía que tuvieron Madrid y Andalucía encima de la mesa hace un año, según desveló Vozpópuli: recuperar Patrimonio para recaudar lo que el Gobierno central pretendía con el impuesto a grandes fortunas y luego devolverlo a los contribuyentes vía deducciones en el IRPF autonómico.
Se trataba de una fórmula para neutralizar el impuesto y a la vez su efecto en pérdida de inversiones y de atracción de contribuyentes. Pero sería difícil de explicar que se cree una deducción en el IRPF favorable a las grandes fortunas.
En cambio, la Comunidad plantea ahora ingresar Patrimonio sólo de quienes pagan grandes fortunas a partir de 3,5 millones y devolverlo a todos los madrileños en nuevas rebajas fiscales. El objetivo es que "el dinero revierta a los madrileños fundamentalmente a través de la bajada de impuestos".
No hacer nada una vez que el TC ha dado luz verde al impuesto supone que el Estado siga ingresando lo que recauda el impuesto a grandes fortunas en Madrid, más del 90% del total. En un momento además en el que desde la Comunidad de Madrid destacan que el Gobierno de Pedro Sánchez está ofreciendo todo tipo de concesiones a Junts y ERC para Cataluña a cambio de ser investido y que los ingresos del Estado son susceptibles de emplearse en esta negociación.
En el hasta ahora último enfrentamiento entre Ayuso y Sánchez por este impuesto, se busca resaltar quién gana y quién pierde con la validación del TC. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se ha apresurado a destacar este martes en el Senado sin que se le hubiera preguntado que "Isabel Díaz Ayuso va a recuperar Patrimonio, va a recular, ya que ha perdido el recurso en el Constitucional".
Desde la Comunidad de Madrid subrayan en cambio que con su movimiento buscan que "esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño". Díaz Ayuso ha mostrado su sorpresa con que "le den tanta independencia a algunas comunidades autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad".
Cabe recordar que el impuesto a grandes fortunas es un invento de ERC, que ya intentó introducir en noviembre de 2020 una enmienda en los Presupuestos de 2021 con una fórmula de este tipo, dirigida contra Madrid. Se trata de una armonización por la puerta de atrás en la que de entrada se crea un impuesto espejo que se superpone al de Patrimonio para que el Estado ingrese lo que las comunidades no recaudan de este último por tenerlo muy bajo o directamente bonificado. Si la comunidad quiere evitar esta superposición e ingresar ella misma lo que está recaudando el Estado con el nuevo impuesto no tiene más que recuperar o subir Patrimonio.
Esta creación de ERC fue descartada por María Jesús Montero en 2020 precisamente por sus visos de inconstitucionalidad y es finalmente el impuesto que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió crear en septiembre de 2022 cuando Andalucía anunció que también iba a bonificar Patrimonio al 100%. La ministra de Hacienda decía hace tres años que una reforma de este tipo sólo podía hacerse modificando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y en el marco de una reforma de la financiación autonómica, unos procedimientos que finalmente decidió saltarse, lo que ahora ha avalado el TC.
Por su parte, Andalucía, que hace un año tuvo encima de la mesa como Madrid la propuesta de neutralizar el impuesto a grandes fortunas vía deducción en el IRPF tras recuperar Patrimonio, está estudiando en estos momentos todas las posibilidades, pero no ha tomado una decisión sobre si sigue la fórmula de Madrid y recupera Patrimonio o si incluso además crea una deducción en el IRPF para devolver a los contribuyentes lo que recaude, según trasladan desde la Consejería de Hacienda.
Una sentencia previsible
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado este martes el impuesto a grandes fortunas de Pedro Sánchez sin cambios respecto a los bloques ideológicos -siete votos a favor de los magistrados progresistas, cuatro en contra de los conservadores- y en línea con el borrador de ponencia de María Luisa Balaguer que se filtró el 18 de octubre. La sentencia, que se conocerá en los próximos días, tiene votos particulares de Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.
El borrador de ponencia no admitía ninguno de los cinco motivos de inconstitucionalidad que alegó la Comunidad de Madrid y coincidía con la letrada de las Cortes y con el abogado del Estado en que no supuso una invasión de competencias de la comunidad, ni alteró el régimen de cesión de tributos, ni es confiscatorio ni atenta contra la capacidad económica, ni es inconstitucional -a pesar de otros fallos del TC que sí lo creen- crear un impuesto en una enmienda de una proposición de ley de otros asuntos vinculados a la crisis energética.
Tampoco ve tacha en que afecte a 2022, lo que se conoció en noviembre y se aprobó el 29 de diciembre -y a pesar de que Hacienda anunció en septiembre, cuando decidió crear el impuesto, que afectaba a 2023 y 2024-.
El voto en bloques siete a cuatro que se viene reproduciendo en el TC está avalando las medidas del Gobierno que se analizan. En el bloque progresista destacan, además de Cándido Conde-Pumpido, el ex ministro de Justicia de Pedro Sánchez Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.
Manuel Ollero, magistrado emérito del TC conservador y ponente de la sentencia que tumbó la amnistía fiscal del PP, lo ha lamentado en una entrevista con este periódico.
Llama la atención de los expertos que en un recurso complejo sobre un impuesto complejo cada bloque siga a pies juntillas lo que se espera de él en todos los puntos.
Fuentes jurídicas conocedoras trasladan que antes se producían cambios en posiciones de algunos magistrados en la deliberación que ahora parecen muy poco probables. Tampoco ayuda el sistema que sigue el actual presidente del TC, que no propicia el debate ni lleva al Pleno asuntos en los que hay cierto consenso, sino que estos se llevan ya con el sentido que plantee el bloque de la ponencia, y el otro redacta su voto particular, como se está produciendo con grandes fortunas.
El propio Campo es ponente del recurso contra el impuesto a grandes fortunas de Andalucía, que aunque se presentó en segundo lugar por detrás del de Madrid, fue el primero en admitirse. Andalucía pidió su recusación, que no se ha tenido en cuenta. Finalmente sí se ha respetado el turno de admisión para la primera sentencia, la de Madrid, aunque se dice que se hace por ser el recurso más completo, una vez que el TC ha decidido no acumular los cinco recursos que se han planteado.
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