La Comunidad de Madrid retoma los incentivos a la inversión que anunció Isabel Díaz Ayuso en enero como "contrapeso al Impuesto de Patrimonio de Pedro Sánchez". Fuentes del Gobierno de la región confirman que se trabaja para que esta deducción se apruebe lo antes posible. En marzo, Vox impidió que el último Pleno de la Asamblea antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo la aprobase para su tramitación directa y lectura única.
Se trata de una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para incentivar la llegada de inversiones. Cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región, podrá desgravarse el 20% del total de lo destinado durante los siguientes seis años. Esta formulación llevó a que se considerara que el incentivo se dirige a inversores extranjeros, lo que las fuentes citadas niegan.
Aunque la deducción no sea sólo para extranjeros, lo que está claro es que no se pueden beneficiar de ella los madrileños residentes y éste fue el motivo del rechazo de Vox. Una vez que Díaz Ayuso logró la mayoría absoluta, ya no necesita a esta formación para sacar adelante iniciativas.
"Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea una vivienda, en una empresa, en productos financieros… en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión", señaló Díaz Ayuso en enero cuando la anunció en la 13ª edición de Spain Investors Day.
La medida está vinculada a todo tipo de activos, tanto financieros como inmobiliarios. En el caso de los primeros, no será requisito imprescindible que estén en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los inmobiliarios sí que deberán de estar ubicados en la región.
En cuanto al volumen de la inversión no se establecen límites, es decir, que será aplicable a partir del primer euro. El único tope anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción del 20% de lo invertido, es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año de la inversión. Si no lo es, se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco años.
Para poner en marcha esta nueva medida fiscal, el Gobierno regional modificará el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre.
"En definitiva, cuando la inversión ponga en tela de juicio la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez podrá seguir opinando que Madrid es diferente, que Madrid es libertad y prosperidad y que aquí será bienvenido", indicó la presidenta, para remarcar que con esta medida se quiere "recibir nuevos madrileños que vengan a vivir entre nosotros y que su familia se atendida en la mejor sanidad pública del país, en una educación en libertad y calidad, con un transporte público excepcional y seguridad en una región integradora y plural".
Por otro lado, el objetivo también es "trasladar un mensaje claro a la comunidad inversora internacional, que en España hay contrapesos institucionales y una alternativa a este Gobierno (central), muy especialmente ahora ante el impuesto de Patrimonio".
Según las estimaciones que realizó la Comunidad de Madrid, esta nueva deducción generará actividad y empleo, lo que acabará teniendo impacto en la recaudación. Así, por cada 1.000 millones, se generaría casi 13.000 puestos de trabajo y 886 millones más al PIB regional. Esto supone más cotizaciones, más consumo y, por tanto, mayores ingresos vía impuestos, en concreto, cerca de 125 millones de euros.
Un impuesto contra Madrid
La Comunidad de Madrid reactiva este proyecto cuando Hacienda acaba de informar de que el impuesto a los ricos ha recaudado 623,6 millones de los 1.500 previstos, lo que se debe a su error con las prisas para que entrara en vigor de forma exprés y retroactiva en 2022. El error ha beneficiado a la Comunidad de Madrid y Andalucía, precisamente contra quienes se dirige el impuesto.
El 90% de la recaudación procede de Madrid (555 millones), seguida de Andalucía (29,7 millones) y Galicia (9,8 millones), que aportan un 5%. También ha habido ingresos en Cataluña (2 millones); Valencia (0,2 millones) y Asturias (0,1 millones).
Al final 12.010 ciudadanos de los 23.000 que calculaba Hacienda han tenido que pagar el impuesto sobre la riqueza declarada en 2022. La cuota media a pagar por cada uno de ellos asciende a 52.000 euros. El 85% de los declarantes del nuevo impuesto se encuentran en Madrid (10.302 contribuyentes).
Ayudas fiscales al mundo rural
Entre los proyectos que prepara la Comunidad de Madrid, se sitúa un paquete de deducciones fiscales de apoyo al mundo rural. Se trata de un plan en apoyo a los 73 municipios de la región con menos de 2.500 habitantes, como complemento al Plan de Reequilibrio Territorial y Lucha contra la Despoblación.
Según ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, este paquete fiscal contra la despoblación generará un ahorro a los contribuyentes cercano a los 9 millones de euros el primer año de su entrada en vigor, de acuerdo con las estimaciones iniciales que ha realizado el Gobierno regional, y está destinado a personas que ya residan en la Comunidad de Madrid y trasladen su residencia habitual a un municipio rural de la región.
Este paquete se desarrollará previsiblemente en los Presupuestos de la Comunidad para 2024 o en una ley de acompañamiento de los mismos.
Queda aparcada de momento a 2025 la rebaja de otro medio punto en todos los tramos del IRPF que Isabel Díaz Ayuso prometió en la campaña que haría en la legislatura. La rebaja, la sexta que se realiza en este impuesto en la región, se sumará en su momento a la aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2022 y a la deflactación de la tarifa para adecuarla a la inflación que ha realizado Madrid también en 2022.
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