A la luz de los estudios publicados este miércoles por Ángel de la Fuente y el Ministerio de Hacienda, analicemos las balanzas fiscales, la financiación autonómica y el llamado dividendo fiscal catalán. O lo que es lo mismo: el tocino, la velocidad y la peligrosa visa de el economista Xavier Sala i Martín, que todo se confunde en este debate tan viciado.
Empecemos por el tocino. ¿Qué le parecería si Emilio Botín dijese que va a pagar los mismos impuestos que uno de sus empleados rasos? Pues eso mismo están planteando las Comunidades más ricas como Cataluña. El estudio de las balanzas sencillamente cifra el saldo fiscal de las distintas Autonomías. Básicamente, esto es cómo se reparten los ingresos y los gastos de las Administraciones entre los distintos territorios. Y como era de esperar, Madrid y Cataluña registran un déficit fiscal de 16.723 y 8.455 millones, respectivamente:
Ahora bien, ¿debería esto sorprendernos? Pues para nada. Tamaño déficit no es más que el reflejo de que éstas son las regiones más ricas, sus ciudadanos ganan más dinero y por lo tanto contribuyen más. A menos que digamos que nos parece bien que Botín pague lo mismo que su empleado, que todo puede ser.
Pasemos a la velocidad. A la hora de ver si una Comunidad está bien o mal financiada hay que mirar en cambio otros factores. Y precisamente ésa es la labor en la que ha insistido el profesor Ángel de la Fuente, aunque haya quedado olvidada entre los grandes números de los saldos fiscales.
Para ello, primero se homogeneiza a todas las Comunidades como si tuviesen las mismas competencias. Y luego se ajusta la población en función de la dispersión y la edad: cuanto más envejecida esté la población, más cuesta la Sanidad. A más niños, más se gasta en Educación. Y en la medida en que los ciudadanos estén más desperdigados, más se dispara el coste de prestar los servicios. Y todos esos factores se tienen en cuenta para determinar cuál es la financiación media de cada Comunidad a competencias homogéneas por habitante ajustado:
¿Y cuál es el resultado? Pues que Cataluña y Madrid están dentro de la media de financiación. En cambio, Baleares, Valencia, Murcia y Andalucía se encuentran por debajo de la media de 100 y, por consiguiente, están infrafinanciadas. Por el contrario, País Vasco y Navarra aparecen sobrefinanciadas de largo, a pesar de tratarse de dos de las regiones más ricas.
Dicho todo esto, se puede concluir que mezclar la financiación con las balanzas fiscales es confundir el tocino con la velocidad. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña se aferra a las balanzas fiscales para alimentar la idea del expolio.
¿Y en el caso de la independencia?
Otro debate distinto es el de la independencia. Y ahí es donde entra en juego la peligrosa visa del economista Xavier Sala i Martín, miembro del Colectivo Wilson e independentista declarado. Los nacionalistas pretenden que ese déficit fiscal sería el equivalente al dividendo fiscal de la secesión. Es decir, cuando Cataluña se separe de España podrá disfrutar de ese saldo fiscal y, en consecuencia, será mucho más rica.
Sin embargo, al objeto de poder declarar los 15.007 millones que ha denunciado la Generalitat, en esas balanzas fiscales se contabilizan muchas rúbricas que hacen aparecer mejor a Cataluña y con las que el govern de Artur Mas no podría contar en el supuesto de una secesión. Así, se anota más de 1.000 millones de déficit que Cataluña mantiene con la UE y no con España por ser una región más rica. Se apunta como ingresos suyos el IVA que pagan ciudadanos de otros territorios cuando compran productos catalanes, el IRPF de no residentes o las cotizaciones de empleados de empresas catalanas ubicados fuera de Cataluña.
Y otro tanto ocurre con los gastos, que la Generalitat distribuye como más le conviene. Por ejemplo, sólo contabiliza los gastos de numerosos organismos del Estado en la medida en que éstos tienen sede en Cataluña. Y ello a pesar de que los catalanes se benefician igual que el resto de la Agencia Española de Medicamentos, la de Seguridad Alimentaria, el BOE, el Instituto Nacional de Consumo, el de Turismo o el Consejo de Seguridad Nuclear, por decir sólo algunas. De forma igualmente torticera, también se minusvaloran muy sustancialmente los desembolsos por Defensa, Exteriores o la carga de intereses. Y la traca final consiste en que la Generalitat no contabiliza el déficit en el que incurre el Estado para pagar entre otras cosas las prestaciones de desempleo o las pensiones en Cataluña, un agujero que asciende al entorno de los 7.000 millones de euros.
El alegato que hace el economista catalán Xavier Sala i Martín cada vez que se discute esta treta de neutralizar el déficit es que España está usando la visa de Cataluña para sufragar el gasto. Curiosamente, Ángel de la Fuente también neutraliza este déficit igual que Sala i Martín para dar con los 8.000 millones de saldo fiscal.
Sin embargo, aunque como ejercicio académico esté bien computarlo, no parece nada serio contar con ese déficit y consiguiente endeudamiento como si fuese un dividendo fiscal de la independencia. Otra vez es confundir el tocino con la velocidad. Al señor Sala i Martín hay que recordarle que durante los últimos años la visa de Cataluña no tenía crédito incluso estando dentro de España. ¿O nadie se acuerda ya de que los bonos patrióticos ofrecían unos intereses absolutamente impagables por parte de la Generalitat? Sala i Martín sencillamente vende un retorno fiscal que no existe como tal. Confunde el endeudamiento con un dividendo fiscal.
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