Las balanzas fiscales que prepara el Ministerio de Hacienda recogerán y destacarán el gasto desembolsado en las rentas para jornaleros de Andalucía y Extremadura, el programa más conocido como Plan de Empleo Rural o PER, cuya cuantía ronda los 240 millones de euros.
Las ayudas para la minería de Asturias y León, las transferencias para inversiones ligadas al Régimen Económico y Fiscal de Canarias y al Plan Teruel de Aragón, y los fondos europeos que se instrumentan a través de subsidios directos también se contemplarán en los cálculos para examinar si una región está bien o mal financiada.
En lugar de incluirse estas partidas dentro de las políticas nacionales de desempleo y de ayudas sectoriales, se asignarán como una ayuda regional y por lo tanto servirán para retratar a las Comunidades Autónomas más subsidiadas. No es de extrañar que el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, reaccionase airadamente esgrimiendo que confeccionaría sus propias balanzas.
Aunque los expertos reconocen que las ayudas a la minería y el PER podrían calificarse de políticas nacionales que no influyen en la financiación autonómica, al final concluyen que sí se tratan de subsidios dirigidos a regiones concretas: “El carácter regional de las ayudas podría cuestionarse, puesto que el PER forma parte de las prestaciones por desempleo y las ayudas a la minería podrían considerarse una subvención de tipo sectorial que sólo casualmente se concentra en una región determinada. En el primer caso, hemos considerado el hecho de que sólo los trabajadores agrícolas residentes en Andalucía y Extremadura tienen acceso al subsidio. En cuanto al segundo programa, el supuesto criterio sectorial encubre en realidad una ayuda destinada fundamentalmente a evitar problemas sociales en un área tan conflictiva como las cuentas mineras astur-leonesas”, sostienen los académicos en el documento que describe la metodología de las nuevas balanzas fiscales.
Unas cuentas más claras
La novedad de las balanzas que preparan los expertos Ángel de la Fuente, del CSIC, Ramón Barberán, de la Universidad de Zaragoza, y Ezequiel Uriel, de la Universidad de Valencia, consiste en que se ofrecerá un mayor detalle de todo lo que se gasta en una comunidad autónoma, partida por partida. Para ello básicamente se dividirán los gastos entre aquellos capítulos que tienen un carácter exclusivamente regional y aquellas rúbricas que pertenecen a políticas de ámbito nacional, las cuales sencillamente se reparten entre las distintas Autonomías en proporción a su población.
No obstante, todas estas partidas se corregirán para poder compararlas como si todas fijasen los mismos impuestos y soportasen por tanto igual esfuerzo fiscal, como si todas tuviesen igualdad de competencias y teniendo en cuenta la edad y dispersión de la población.
La idea de los académicos consiste en comprobar las diferencias en los gastos que obedecen a una lógica territorial y así poder examinar si de verdad alguna región está mal financiada y exactamente en qué conceptos.
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