La banca pretende que el marco de coordinación que presentará este martes el Gobierno para las quitas de la deuda de los préstamos ICO afecte lo menos posible a sus balances. Las entidades financieras quieren provisionar lo menos posible por este motivo y para ello van a buscar la mejor fórmula para evitar la palabra reestructuración y optar más por la refinanciación, según las fuentes consultadas.
Con este matiz, la banca podría evitar tener que reservar más capital por los más de 100.000 millones de euros que han prestado a las pymes en el peor momento de la pandemia para seguir teniendo liquidez. Según Moody's, los bancos españoles tendrían que asumir una pérdidas de 1.300 millones de euros, como máximo, en el caso de que se aprueben quitas para los créditos avalados.
Y es que imponer una quita a la deuda de los préstamos ICO supondría para ciertos bancos un aumento considerable en las provisiones. Por normativa, el sector tendría que provisionar un 40% del total del crédito al tener que refinanciar todos estos préstamos y pasarlos a un nivel 3 de riesgo, tal y como adelantó Vozpópuli.
Hacer una quita a la deuda obliga a la banca a refinanciar los préstamos y desde el punto de vista regulatorio supone para el sector un aumento de provisiones, lo que implica que la banca podría endurecer las condiciones de financiación en un futuro y perjudicar aún más al tejido productivo español.
Por este motivo se espera que el nuevo 'marco de refinanciación' que se apruebe deje cierto margen de maniobra para analizar el caso a caso y que no todo sean reestructuraciones, señalan las fuentes financieras consultadas.
El nuevo código permitirá pedir hasta noviembre ampliar la deuda hasta 12 años y convertir parte del crédito en préstamos participativos. En el caso de las quitas, este margen aumenta hasta finales de 2020, según apunta El Confidencial.
Coste del aval a la banca
La banca paga al ICO unos 300 millones de euros al año por haber utilizado su aval para inyectar liquidez a las empresas durante la pandemia. El aval que otorga el Gobierno, de hasta un 80%, no es gratuito y de hecho ya se está empezando a abonar, aun sin haberse comenzado a cobrar por parte de las entidades los primeros plazos de dichos créditos.
Cabe destacar que los 100.000 millones de ayudas que se pusieron en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido entregados por completo por las entidades financieras, aunque sea el Estado el que asuma la mayor parte del riesgo.
Los créditos ICO
El Gobierno puso en marzo de 2020 a disposición de las entidades de crédito avales por valor de 100.000 millones de euros, un 8% del Producto Interior Bruto (PIB).
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es el encargado de analizar los préstamos que superan los 50 millones de euros, para saber si son aptos para entrar dentro de la línea de garantías del Estado creadas por la crisis del coronavirus.
Las entidades financieras sólo podrán dar el visto bueno a aquellos créditos que estén por debajo de la cuantía anteriormente mencionada, por lo que las líneas que necesiten las grandes empresas pasarán forzosamente por el Ministerio de Economía, máximo responsable en este área.
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