El IRPH vuelve a ser un quebradero de cabeza para la banca. Vuelve a serlo después de que la Comisión Europea, en un informe remitido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), se haya pronunciado en contra del criterio del Tribunal Supremo en relación a este índice, al considerar que las cláusulas que establecen el tipo de interés de una hipoteca serían nulas si no fueron comercializadas con la debida transparencia.
El informe de Bruselas no es vinculante, pero ha puesto en guardia al sector, que, según fuentes financieras, ya está explorando las diferentes alternativas estratégicas para reducir su exposición a este índice. Entre estas alternativas, algunas entidades estudian ofrecer a sus clientes cuya hipoteca está ligada al IRPH la posibilidad de pasarla a tipo fijo, entre otras opciones.
El Alto Tribunal validó el IRPH -que se calcula a raíz del precio medio de las hipotecas concedidas por el sector-, el pasado noviembre, en lo que fue la primera victoria judicial de la banca. No obstante, el Juzgado de Primera Instancia Número 38 de Barcelona elevó esta cuestión al TJUE, que deberá pronunciarse al respecto teniendo en consideración el criterio de la Comisión Europea.
Incertidumbre jurídica
Aún queda tiempo para que el TJUE resuelva la cuestión, pero, independientemente de si se decanta a favor de unos o de otros, lo cierto es que el informe de Bruselas ha despertado un clima de incertidumbre entre las entidades, que tratarán de reducir su exposición al IRPH durante los próximos meses con el objetivo de evitar en el medio plazo un posible varapalo por parte de la justicia europea.
El conflicto respecto a este índice surge porque siempre se ha situado siempre muy por encima del euríbor, provocando las reclamaciones de los usuarios. De hecho, concluyó el pasado agosto en el 1,932%, frente al -0,169% del euríbor en ese mes. Si el TJUE acaba fallando en contra de la banca y determina que las entidades tienen que devolver a sus clientes los intereses cobrados de más respecto al euríbor, el impacto, en cualquier caso, sería menor al de las cláusulas suelo.
Según estimaciones de Alantra de 2017 recogidas por El Independiente, CaixaBank tendría que reintegrar a los afectados unos 320 millones de euros, seguida de Santander, con 120 millones y Sabadell, con 56 millones. El golpe para Bankia sería de 48 millones, mientras que Unicaja y Liberbank tendrían que devolver a sus clientes 12 y 5 millones, respectivamente. En relación a BBVA la firma estimaba que el impacto estaría, cómo mínimo, al nivel del de Santander.
Todavía es pronto para saber cuál será el criterio del TJUE, pero sí que hay algo de preocupación entre las entidades por la posición que ha adoptado el Ejecutivo comunitario. Aún así, las entidades no tienen previsto realizar dotaciones por este tema en el corto plazo.
Por el momento, la banca está a la espera de la nueva ley hipotecaria, norma que está actualmente en tramitación parlamentaria y cuya aprobación está prevista para el vigente ejercicio. Desde el sector financiero esperan que esta ley, que tenía que haber estado lista desde hace más de dos años y que expone a España a una multa millonaria, dote de una mayor seguridad jurídica el negocio de las hipotecas.
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