La banca se prepara para dar la batalla legal al Gobierno por el impuestazo. Las entidades impugnarán "pago por pago" el gravamen desde el próximo mes de febrero independientemente de si la tramitación parlamentaria suaviza o no la proposición de ley del Grupo Socialista y Podemos, según distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.
El sector da por hecho que ganaría las demandas "sin mucha dificultad" al considerar que el impuesto es inconstitucional por que genera un problema de doble imposición y es discriminatorio respecto a otras industrias.
Sin un recurso de un partido ante el Tribunal Constitucional, que se encomienda a Vox, cada entidad deberá explorar la vía judicial por separado y sólo podría iniciarla a partir de febrero de 2023.
Esa es la fecha que fija la proposición de ley de los socios del Gobierno para un primer pago fraccionado del 50%. La declaración de los impuestos se realizará en septiembre de 2023 y 2024, con lo que la banca tendrá que hacer cuatro pagos por el nuevo gravamen cada uno de esos años (en febrero y septiembre).
La proposición de ley hace aguas", asegura un alto directivo de uno de los grandes bancos del Ibex.
"La proposición de ley hace aguas", traslada un alto directivo de uno de los grandes bancos del Ibex para respaldar la confianza del sector en la vía judicial. El plan pasaría por impugnar la nueva tasa en la Audiencia Nacional, con un recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Las entidades están convencidas de que el impuesto es injustificado porque ya pagan más impuestos que otros sectores: el tipo efectivo medio del sector es del 24,7% frente a un 21,3% de media de las empresas en España, según el Instituto Español de Analistas Financieros.
En cuanto a la doble imposición, los bancos consideran que la nueva "prestación patrimonial", como se recoge en el texto de la proposición de ley, grava algo que ya está sujeto en el impuesto de sociedades y no se permite su deducción, según el argumentario que manejan las entidades para rebatir al Gobierno. También se considera que el impuesto contraviene los principios de igualdad y no discriminación consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española.
El impuesto de la banca llega al Congreso
El impuesto a la banca y a las energéticas, que se incluyen en el mismo texto de la proposición de ley registrada por los socios del Gobierno de coalición, llega este martes al Congreso, que tendrá que decidir si acepta o rechaza su trámite. Está previsto que el Ejecutivo cuente con los apoyos suficientes para iniciar la tramitación legislativa. En el sector bancario se cree que el nuevo impuesto verá la luz en dos meses tras la fase de enmiendas.
Los bancos confían en poder suavizar el impuesto en su andadura parlamentaria y se considera que el PP puede introducir enmiendas en este sentido, según fuentes próximas a uno de los grandes bancos. Se acogen a las últimas manifestaciones públicas del principal partido de la oposición.
"Existe el riesgo de que en el futuro haya que devolver ese posible impuesto porque los perjudicados lo recurran, y sus recursos sean aceptados. Es decir, que se dañe la competitividad y que se deje un grave problema en herencia para el futuro gobierno. Por eso vamos a ser muy cautelosos, pero, de entrada, lo que hemos escuchado no encaja en un país de la UE", dijo Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en una reciente entrevista en La Razón.
Tampoco se descarta que el Gobierno modifique algún punto de la proposición, como el corte de un mínimo de ingresos de 800 millones de euros en 2019. Aunque en este caso sería más sorprendente por el discurso beligerante del Gobierno contra los bancos y las energéticas. "Si protestan Botín y Galán, entonces vamos en la buena dirección", llegó a asegurar Pedro Sánchez un día después de que el Grupo Socialista y Podemos registraran en el Congreso la proposición de ley.
El Gobierno ha justificado el impuesto por los "beneficios extraordinarios" de los bancos gracias al cambio de rumbo en la política monetaria del BCE, que subirá este mes los tipos de interés otro 0,75% y dejará el precio del dinero en el 1,25%. Por ello, lo justifica como una medida temporal, aunque desde la banca de inversión se desconfía y temen que el PSOE y Podemos hagan "perpetuo" el nuevo gravamen mientras permanezcan en La Moncloa.
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