El juicio de CAM arranca con los clásicos enfrentamientos internos de los casos financieros. Por un lado, las acusaciones tratando de echar del caso a parte de las acusaciones particulares. Y por el otro, dos de los responsables civiles, Banco Sabadell y la Fundación CAM, renegando de su responsabilidad en perjuicio de la otra parte.
Éste será uno de los primeros aspectos que tendrá que resolver la jueza Ángela Murillo, magistrada que ya estuvo al frente del último juicio financiero, el de las tarjetas black de Caja Madrid. Así, Murillo tendrá que decidir quién se hace cargo del perjuicio generado por las cuotas participativas, si Sabadell o la Fundación CAM, además de los ocho acusados y de la aseguradora, Caser.
Como ocurre en todos estos procesos, todas las partes personados se han lavado las manos a este respecto en la vista de cuestiones previas. Para Sabadell, está acreditado que el heredero jurídico de las cuotas participativas es la Fundación CAM, como acreditan diversas sentencias. Para la Fundación, al revés, aportando también resoluciones judiciales. Además, estas dos partes han intentado tumbarse mutuamente pruebas aportadas al juicio.
Y para Caser, ellos no se tienen que hacer cargo de nada, ya que si hay dolo entonces es el condenado el que debe responder con su propio patrimonio, según también una sentencia aportada, en este caso de Elche, tras una reclamación del ex miembro de la Comisión de Control, Raúl Serrano Moll.
Juicio por el saqueo de CAM
Este tipo de discusiones son las habituales en los primeros días de este tipo de juicios, ya que más allá del futuro procesal de los ocho procesados está en juego mucho dinero, casi 1.600 millones de la fianza impuesta inicialmente por el tribunal.
Otra de las estrategias desplegadas en el primer día del juicio ha sido el intento de expulsión como acusaciones de dos representaciones de cuotapartícipes. Por un lado, la de Plataforma CAM, que agrupa a 1.100 pequeños inversores con entre 50.000 y 100.000 euros, y a un particular, Pons Servera.
Las defensas, lideradas por Roberto López Abad, alegan y el fiscal que no pueden estar ya que el juicio se ciñe a los que compraron cuotas entre marzo y julio de 2011, que fue cuando se publicitaron las cuentas presuntamente falseadas. Según el fiscal, Luis Rodríguez Sol, hubo 4.000 operaciones durante este periodo. Desde las acusaciones sostienen que hay pruebas de un falseamiento contable previo a 2011 y que todos los inversores tienen derecho a estar personados en el caso. Todas estas cuestiones previas serán resueltas por el tribunal.
El abogado de Banco Sabadell, Carlos Aguilar, de CMS, calificó como "insólito" el hecho de que la acusación popular quiera compaginar esta labor con la de acusación particular. "Ha llegado a adherirse a sí mismo", señaló sorprendido Aguilar.
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