Los bancos se empiezan a armar para la batalla legal contra el Gobierno por el 'impuestazo'. Bankinter ha tomado la iniciativa del sector y ultima el fichaje del bufete Uría Menéndez para recurrir el nuevo gravamen, según fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli. El impuesto para recaudar unos 3.000 millones de euros en 2023 y 2024 se prevé aprobar en los próximos días en el Senado sin cambios para entrar en vigor ya en el próximo ejercicio.
Bankinter es una de las entidades más beligerantes con el Gobierno por el 'impuestazo'. María Dolores Dancausa, consejera delegada del banco, ha calificado el nuevo gravamen de "injusto, discriminatorio y confiscatorio". Se estima que Bankinter asumiría un golpe de unos 100 millones al año, en función de los resultados del último ejercicio completo y de la marcha del negocio hasta septiembre de este año. La entidad reafirma su meta de lograr un beneficio récord de 550 millones en 2023, aunque en esta previsión no tiene en cuenta la factura por el nuevo impuesto.
"Vamos a recurrirlo desde el día siguiente de pagarlo", sentenció sin ambages Dancausa hace unos días en un foro financiero organizado por Expansión y KPMG. Fuentes oficiales de Bankinter no hicieron comentarios sobre el fichaje de Uría Menéndez y se limitaron a señalar que el banco prepara su estrategia legal para recurrir la nueva tasa. Desde el despacho de abogados tampoco se pronunciaron.
CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell se han mostrado más cautas en público sobre la posibilidad de recurrir, aunque se da por descontado que también lo harán".
Otras entidades como Ibercaja también han apuntado en público que lo más probable es que den la batalla legal. CaixaBank, BBVA, Santander y Sabadell se han mostrado más cautas, aunque en el sector se descuenta que recurrirán. Lo más probable es que las entidades impugnen "pago por pago" el gravamen desde el próximo mes de febrero, cuando se hará el primer abono. Aunque también hay otras opciones encima de la mesa.
El sector da por hecho que ganaría las demandas al Gobierno "sin mucha dificultad", según transmiten desde varias entidades, al considerar que el impuesto es inconstitucional porque genera un problema de doble imposición y es discriminatorio respecto a otras industrias. En su cruzada contra el impuesto, se aferrarán al dictamen del Banco Central Europeo (BCE), en el que advirtió de que se puede "falsear" la competencia respecto a sus competidores europeos.
Otro de los argumentos que preparan los equipos jurídicos de los bancos es que tendrán que trasladar el coste a los clientes, como instó el propio BCE y fija la normativa bancaria actual. Esta obligación choca de plano con la ley que ultima el Gobierno, que quiere prohibir que el 'impuestazo' se acabe repercutiendo en los productos bancarios.
¿Impuesto permanente?
La nueva ley gravará con el 4,8% los ingresos típicos y las comisiones de las entidades durante 2023 y 2024. La proposición de ley, que se sometará a votación en el Pleno del Senado en los próximos días, fija febrero para un primer pago fraccionado del 50%. La declaración de los impuestos se realizará en septiembre, con lo que la banca tendrá que hacer cuatro pagos por el nuevo gravamen cada uno de esos años (en febrero y septiembre). Eso sí, el nuevo impuesto puede nacer para quedarse.
El BCE ya descuenta que la carga fiscal se puede hacer permanente tanto si Sánchez se mantiene en La Moncloa como si hay un cambio de color en el Ejecutivo, como señalan fuentes próximas al supervisor único. La previsible caída de ingresos por la desaceleración económica dejaría el 'impuestazo' a la banca como una palanca clave para sostener la recaudación del Estado. Sin ir más lejos, el Gobierno se ha comprometido a analizar esta posibilidad y decidirá a finales de 2024 si lo hace irreversible.
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