Sueldos, un impuesto, hipotecas, depósitos...Los cinco años de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía no se olvidarán tan rápido para los banqueros. La todavía vicepresidenta primera se convirtió en el “azote” del sector bancario, en un tira y afloja constante que tuvo sus momentos álgidos en los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez.
Y lo más sorprendente, como admiten entre los grandes bancos del Ibex, es que Calviño, que presidirá el Banco Europeo de Inversiones (BEI), tenía un perfil menos politizado tras varios años como alta funcionara de la Comisión Europea.
“Tardamos en darnos cuenta, pero Calviño es de convicciones no muy favorables con la banca”, desliza en privado un alto directivo de uno de los grandes bancos españoles que pide el anonimato. Un “azote tapado”, como definen las fuentes consultadas, que despierta el temor a que su sucesor sea del mismo corte.
Para tomar el mando de Economía han ganado enteros David Vegara y José Manuel Campa, ambos fueron secretarios de Estado de Economía durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Los dos son de reconocido prestigio por su experiencia internacional y en la empresa privada, concretamente en entidades financieras.
En Sabadell y en el regulador bancario
El primero es director de riesgos del Sabadell y el segundo preside el regulador bancario europeo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Campa también pasó por el Banco Santander. Perfiles técnicos y, en teoría, cercanos a las entidades, que no terminan de confiar por el recuerdo de Calviño, según fuentes próximas a los bancos del Ibex.
La vicepresidenta trabajó durante 12 años en la Comisión Europea, donde ocupó puestos directivos de alto nivel, entre ellos, los de directora general adjunta de Competencia en cuestiones relativas a los monopolios y a las concentraciones de empresas, directora general adjunta de Servicios Financieros y directora general de Presupuesto Comunitario.
"Calviño tildó de 'inaceptables' los sueldos y bonus de los altos ejecutivos bancario en la antesala al choque con CaixaBank tras la compra de Bankia, rescatada por el Estado en 2012.
El primer choque, y quizá más sonado, fue a cuenta de los sueldos de los banqueros. “Inaceptables”, calificó los salarios y bonus de los altos ejecutivos de las entidades. Incluso instó al Banco de España a que los limitara. El momento más tenso se vivió con CaixaBank en 2021, justo unos meses después del desembarco del Estado tras la compra de Bankia. El fondo de rescate, el Frob, se quedaba con un 17% de la entidad catalana y sentaba a una consejera en el máximo órgano de gobierno.
Críticas a Goirigolzarri
En la junta de ese año, el Gobierno se opuso al nuevo salario del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, procedente de Bankia, que se lo triplicó tras la integración del banco rescatado. Goirigolzarri ganó 1,69 millones en 2021, mientras que el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, percibió 3,89 millones.
Calviño criticó con dureza esta subida del sueldo por las ayudas recibidas en Bankia, en donde el Estado inyectó más de 24.000 millones de euros para su recapitalización y la de Banco Mare Nostrum (BMN), entidad que compró en 2017.
Otro de los momentos más tensos se vivió con el impuesto y las hipotecas hace un año. Con el cambio de paso del Banco Central Europeo (BCE) para atajar la inflación, el euribor se disparó y dificultaba el pago de las cuotas variables.
El Gobierno creó un impuesto (que está por ver si será permanente) para recaudar unos 3.000 millones en dos años ante los "ingresos extraordinarios" por la nueva política monetaria y obligó a los bancos a un pacto hipotecario para ayudar a las familias. Las entidades consideraban este acuerdo innecesario, pero se sumaron a él para evitar un coste en su ya maltrecha reputación.
Presión para que paguen por los depósitos
El ciclo histórico de subidas de los tipos también llevó a una polémica, más efímera en este caso, por el pago de los depósitos. Las entidades españolas remuneraban tres veces menos que la media europea, una brecha que se ha reducido, pero que aún se mantiene: los bancos españoles abonan un 2,43% a las familias frente al 3,27% en Europa.
Al margen de nuevas tensiones, que en el sector se resignan a vivir de forma recurrente, el nuevo ministro tendrá que tomar decisiones cruciales como la venta del paquete estatal en CaixaBank. La fecha límite para que el Frob del accionariado del banco catalán expira en diciembre de 2025, aunque en el sector se detecta "falta de voluntad política” para avanzar en la privatización, como indican fuentes próximas al Frob.
Con el regreso del Estado a Telefónica 26 años después, la sombra de la sospecha se extenderá a CaixaBank y se pondrá el foco en si el Gobierno de Sánchez se resiste a salir del accionariado del primer banco por activos de España. Un ‘caramelo’ político para influir en un sector que, como el de las telecomunicaciones, se puede considerar estratégico, advierten fuentes financieras.
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