Preocupación en el Banco Central Europeo (BCE) a que se culmine la maniobra en La Caixa. Tras el pacto del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, en el seno del supervisor único, se teme que el futuro Gobierno acabe traspasando a la Generalitat el control y supervisión de la Fundación, que aglutina participaciones empresariales de peso dentro del Ibex, según trasladan a Vozpópuli fuentes próximas al organismo con sede en Fráncfort.
Como publicó este medio, esta era una de las exigencias del bloque independentista formado por ERC y Junts para la investidura. En sendos acuerdos con cada uno de los partidos no se hace referencia explícita a esta pretensión, pero en el BCE no se descarta que se acabe plasmando en un cambio de ley, como indican fuentes en contacto con el supervisor. Fuentes oficiales del BCE prefirieron no hacer comentarios al respecto.
"CaixaBank y Sabadell no tienen sobre la mesa regresar a Cataluña tras mudar sus sedes sociales a Valencia y Alicante, respectivamente, pese al pacto de PSOE y Junts para promover su vuelta
De momento, PSOE y Junts han pactado un plan para "promover y facilitar" el regreso a Cataluña de las empresas que trasladaron sus sedes por el desafío soberanista de 2017. Se calcula que más de 3.000 empresas se fueron de la región, entre ellas, dos de los principales bancos del país: CaixaBank y Sabadell.
El primero mudó su sede social a Valencia (la Fundación optó por Baleares) y el segundo a Alicante como cortafuegos para la fuga de depósitos. Ambas entidades han defendido desde que salieron de Cataluña que la decisión era permanente y que el regreso no estaba sobre la mesa.
Negociación con Puigdemont
Carles Puigdemont, líder de Junts, ya advirtió a Pedro Sánchez tras presentar el acuerdo de Gobierno que se tendrá que "ganar día a día" el apoyo durante la legislatura en función de las medidas que negocien ambos partidos.
La Ley 26/2013 que reformó y despolitizó las antiguas cajas de ahorros estableció que el Protectorado de las fundaciones herederas de estas entidades con un ámbito de actuación que exceda el de una comunidad autónoma fuera dirigido por el Ministerio de Economía. Sólo se contempló la excepción de la Fundación Kutxa, que controla el 32% del banco fruto de las tres antiguas cajas vascas.
El BCE respaldó en julio de 2013 la Ley de Cajas que impulsó un cambio drástico en la gobernanza y supervisión de las antiguas cajas. Sin hacer una mención expresa, avalaba quitar a las comunidades autónomas el poder de supervisión y vigilancia de las fundaciones bancarias, que ahora quedaría en entredicho si se culmina el traspaso de la supervisión de la Fundación La Caixa a la Generalitat.
El BCE, vigilante
En caso de que el futuro Gobierno de Sánchez ceda en las pretensiones de los independentistas en torno a La Caixa, en el seno del BCE se da por hecho que emitiría un nuevo dictamen al suponer un choque frontal con la reforma y despolitización de las antiguas cajas, como indican distintas fuentes financieras.
El Ejecutivo no tiene obligación de solicitar dicho dictamen. Pero, en cualquier caso, el supervisor único tendría capacidad de entrar de oficio. La firmeza de la respuesta dependerá de si el BCE detecta que el traspaso a la Generalitat del control de La Caixa implica o puede promover un "grave deterioro" en la profesionalidad de su gestión, según las fuentes.
La maniobra en La Caixa no es baladí. La Fundación atesora participaciones claves en grandes empresas. A través de Criteria, su brazo inversor, es el máximo accionista de CaixaBank, donde controla el 32,24% tras la fusión con Bankia. También tiene un paquete de acciones en otra compañía estratégica como Telefónica. Declara un 2,51% en la teleco, que se suma al 3,5% de CaixaBank.
Además, la Fundación es el primer accionista de Naturgy, con un 26,71%, y controla otras participaciones en Cellnex (4,36%) y en el Grupo Financiero Inbursa (9,10%), propiedad de la familia mexicana Slim.
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