Toque de atención serio del Banco Central Europeo (BCE) al Gobierno. El supervisor único ha enviado una carta al secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, en la que le acusa de invadir sus competencias para regular la actividad de las empresas de servicios de inversión. Se trata de un cambio legal que compromete al Banco de España y en el que el Gobierno se salta la “obligación de consultar al BCE los proyectos de disposiciones legales nacionales” que afecten a sus competencias.
La misiva, a la que ha accedido Vozpópuli, se remitió a la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el pasado 22 de febrero. La firma Frank Elderson, miembro del comité ejecutivo del BCE y vicepresidente del consejo de supervisión. No es muy habitual que Francfort mande a los gobiernos este tipo de advertencias.
El cambio legal en cuestión es el aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de noviembre en un Real Decreto sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, aquellas que los prestan a terceros a cambio de una comisión. Entró en vigor el 29 de noviembre de 2023.
"Los cambios legales exigen al Banco de España tomar medidas para que las empresas de servicios de inversión abran cuenta a discreción para depositar los fondos de los clientes
El Gobierno justificó en ese momento que el cambio legal se producía “conforme a la normativa europea”, como señaló en un comunicado el Ministerio de Economía. El BCE advierte en la carta al secretario de Estado que el artículo 79, en el apartado 5, del Real Decreto se exige que el Banco de España disponga de las “medidas necesarias para que sea posible que las empresas de servicios de inversión puedan abrir cuentas en el banco central a su discreción” a fin de depositar los fondos que reciban de su clientela, como establece el Real Decreto.
Extralimitación en una trasposición
El supervisor único reprende al Gobierno que este requisito no entraba dentro de las obligaciones de trasposición expresamente derivadas de la Directiva Delegada (UE) 2017/593, que no hace referencia sobre “la facilitación por el banco central del cumplimiento de tales obligaciones”, tal y como pone de manifiesto Elderson en la carta al secretario de Estado de Economía.
Para justificar su tirón de orejas, el BCE se ampara en el artículo 127, apartado 4, y en el artículo 282, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 98/415/CE del Consejo del organismo monetario.
"Francfort insta al Gobierno a corregir su actuación en el futuro para consultar al organismo, como está obligado
“Las autoridades nacionales deben consultar al BCE acerca de cualquier proyecto de disposición legal que afecte a las competencias de este, incluidas las relativas a los bancos centrales nacionales (en el presente caso, el Banco de España)”, concluye.
El vicepresidente del consejo de supervisión del BCE cierra la carta instando al Gobierno a corregir su actuación. “El BCE agradecería al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa que tuviera debidamente en cuenta las observaciones que anteceden a fin de cumplir en adelante, cuando proceda, la obligación de consultar al BCE los proyectos de disposiciones legales nacionales que afecten a las competencias del BCE”, sentencia en una clara advertencia.
Con copia al servicio jurídico de Bruselas
La carta se remitió al Ministerio de Economía con copia a Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Comisión Europea; y Daniel Calleja Crespo, director general del Servicio Jurídico del organismo comunitario con sede en Bruselas.
"Agradecemos sus consejos, pero vamos a seguir adelante, desafío Sánchez al BCE tras su crítica al impuesto y sus posibles efectos sobre el crédito y la economía
No es el primer choque con el BCE a cuenta de cambios legales impulsados por el Gobierno. Sin llegar a contar con una reprimenda por carta, el supervisor único y el Ejecutivo chocaron por el impuesto a la banca. Mientras Pedro Sánchez garantizaba que vigilaría que las entidades no lo repercuten a los consumidores, el supervisor único instaba a los bancos a repercutirlo por obligación de las normas bancarias internacionales.
“Agradecemos sus consejos, pero vamos a seguir adelante", desafió Sánchez tras el varapalo del BCE al nuevo gravamen que entró en vigor en 2023, en su dictamen no vinculante.
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