Temor a más intervencionismo estatal. CaixaBank, en donde el Estado conserva un 17% del capital heredado de la compra de Bankia, alerta a los inversores sobre el riesgo para el negocio bancario de que el Gobierno se entrometa en el sector y la incertidumbre que provoca su intención de ir a más tras prorrogar el impuesto y las ayudas para proteger a los hipotecados.
“En el actual entorno de mercado se pueden observar mayores niveles de intervención gubernamental y regulatoria en el sector bancario, que se espera que continúe en el futuro previsible. Esto genera una importante incertidumbre para CaixaBank y la industria financiera en general”, advierte la entidad de origen catalán en el folleto de una emisión de bonos convertibles, registrado el pasado 16 de enero en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Incluye esta alerta en el apartado de riesgos regulatorios. El primer banco de España, con más de 600.000 millones en activos, basa su actividad sobre todo en el territorio nacional, en donde concentra el 75% del crédito concedido. En Portugal, en donde opera a través de BPI, tiene una exposición del 6%.
"En la City de Londres, desde donde se canaliza la mayoría de las inversiones a Europa, se mide el grado de intervencionismo a raíz del caso Telefónica, con el regreso del Estado a la teleoperadora 26 años después
El Gobierno se sienta en el consejo de CaixaBank desde diciembre de 2020. La cúpula del banco niega desde el principio del desembarco que la presencia del Estado interfiera en la gestión, aunque desde el resto de competidores se quejan de que se utiliza este peso como accionista para intentar marcar el paso al sector.
Esto fue lo que ocurrió con los pactos hipotecarios, según fuentes financieras, y en pleno debate por la poca remuneración de los depósitos, con CaixaBank convirtiéndose en el primer gran banco en mover ficha al lanzar uno con una rentabilidad de hasta el 2%.
El Gobierno aspira a más poder en las empresas
Esta misma semana, coincidiendo con el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), Pedro Sánchez admitía en una entrevista en Bloomberg que aspira a que el Gobierno tenga un papel más relevante en las empresas españolas. Antes de que acabara 2023, el Gobierno autorizó a la Sepi a tomar hasta el 10% de Telefónica para contrarrestar el asalto de Arabia Saudí en la teleoperadora.
"La privatización del paquete estatal en el banco catalán, como herencia de Bankia, lleva congelada seis años y sin visos de que se vaya a colocar parte en el mercado por falta de voluntad política
Precisamente, CaixaBank controla un 3,5% de Telefónica, a lo que hay que sumar el 2,55% que tiene Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, el principal accionista de la entidad bancaria.
El caso Telefónica es el que más recelos está despertando entre los inversores. En la City de Londres, desde donde se canaliza la mayoría de inversiones hacia Europa, se encendieron las alarmas tras conocer la vuelta del Estado a Telefónico después de 26 años. “Es un error que acabará pagando la compañía”, auguraban fuentes financieras afincadas en Londres, como publicó este medio.
El Gobierno siempre ha manifestado su intención de salir de CaixaBank, pero lo cierto es que la privatización del paquete estatal está congelada desde hace seis años. Y sin visos de que se vaya retomar por “falta de voluntad política”, según fuentes próximas al Frob, el fondo de rescate.
La fecha límite para que el Estado salga del accionariado expira en diciembre de 2025, si bien el plazo ya se ha prorrogado cuatro veces desde el rescate de Bankia en 2012 y se puede volver a hacer sin contar con Bruselas.
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