Banca

La City vigila el desembarco saudí en Telefónica para medir el intervencionismo del nuevo Gobierno

“Puede condicionar futuras inversiones en empresas españolas”, advierten desde uno de los grandes bancos de inversión.

Londres mira con atención el caso STC en Telefónica. Los inversores de la City siguen “con interés” el desenlace al desembarco de Arabia Saudí en la teleco española como termómetro para medir el intervencionismo del nuevo Gobierno, según trasladan a Vozpópuli distintas fuentes financieras. Se considera una prueba de fuego que puede condicionar futuras inversiones en empresas del país.

El grupo Saudi Telecom Company (STC), participado en un 64% por el fondo soberano saudí, anunció por sorpresa en septiembre la compra del 9,9% de Telefónica. La operación cogió con el pie cambiado al Gobierno, que inmediatamente intentó movilizar capital entre grandes inversores.

"Se sigue con interés la reacción del Gobierno ante la llegada de STC a Telefónica. Tendremos que analizar los detalles de una intervención por su posible impacto en el futuro de otras empresas", señala un alto ejecutivo de un banco de inversión

Pero el rechazo de las grandes empresas al plan de conformar un núcleo duro de accionistas españoles ha llevado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) a explorar adquirir un paquete de acciones de la teleco, como reconoció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Se sigue con interés la reacción del Gobierno ante la participación de STC en Telefónica. Tendremos que analizar los detalles de una intervención por su posible impacto en el futuro de otras empresas”, admite bajo la condición de anonimato el jefe de mercados de capitales en Europa de uno de los grandes bancos de inversión en contacto permanente con la City.

¿Tiene capacidad la Sepi para inyectar capital?

Para entrar en Telefónica, la Sepi tendría que inyectar más de 1.000 millones de euros para tomar una participación del 5%. Este desembolso dificultaría la operación, como se descuenta en el mercado. De hecho, el Gobierno busca una solución salomónica y negocia con STC vetar su entrada en el consejo de administración de la teleco como condición para dar luz verde a la toma del 9,9% completo anunciado en septiembre, como publicó este medio.

El grupo saudí tomó el 4,9% de forma directa y el 5% restante en derivados. Con su inversión, STC se convertía en el principal accionista de Telefónica, por encima de BBVA y CaixaBank, que conforman el núcleo duro en el capital de la teleco desde hace casi 30 años.

"El grupo saudí prioriza comprar por completo el bloque del 9,9% a tener un representante en el consejo de la teleco

El plan de STC pasa por tomar a toda costa el bloque del 9,9%, sin dar importancia a contar con un consejero en la compañía, como señalan fuentes próximas al grupo saudí.

La sombra del intervencionismo

La sombra del intervencionismo vuelve a planear sobre España. El Gobierno ha invertido durante los últimos años en compañías consideradas estratégicas. El caso más flagrante fue el de Indra, en donde la Sepi reforzó su influencia al 27% y tomó el control del máximo órgano de gobierno.

Uno de los sectores en los que ejerce mayor presión el Ejecutivo es el bancario. "Resulta cada vez más claro que el sector bancario es un blanco fácil para que el Gobierno español lo explote con fines políticos, poniendo en peligro la gobernanza del sector", alertaba Kepler Cheuvreux, uno de los principales brokers de inversores institucionales y firmas de análisis paneuropeos, en un informe reciente.

Los analistas de Kepler identificaban dos elementos de presión: el 17% que el Estado ostenta en CaixaBank como herencia de la fusión con Bankia y el posible traspaso a la Generalitat del control de la supervisión de la Fundación La Caixa, ahora en poder del Ministerio de Economía.

La salida al caso STC en Telefónica no es baladí. Está en riesgo poner en duda la libertad de movimiento de capitales si el Ejecutivo se decanta finalmente por vetar la operación sin un pacto, como advierten fuentes financieras. En este extremo, España se situaría en una posición debilitada para recibir capital extranjero.

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