Los planes de Carlos Torres para ejecutar la opa al Sabadell se pueden dilatar más de lo previsto. La cúpula de BBVA mantiene firme su disposición a ir hasta el final con la compra del cuarto banco más grande de España, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede demorar la operación más allá de los primeros meses de 2025, cuando llegaría el veredicto final del organismo de la Competencia.
Cani Fernández, presidenta del organismo garante de la Competencia, advirtió ayer de que los plazos para aprobar la opa hostil pueden superar los ocho meses que necesitó para la integración de CaixaBank y Bankia, que fue pactada de forma amistosa por las cúpulas.
Se puede dar el escenario, por tanto, de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto, tras el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE), y se lance la operación sin que los accionistas del Sabadell tengan a su disposición el dictamen de la CNMC.
"No me constan. No sé si las habrá", responde de forma ambigua la presidenta de la CNMC sobre posibles presiones políticas para frenar la opa
“Son los plazos previstos por la ley”, quiso quitar importancia Fernández en su participación en los cursos de verano organizados por la Asociación de la Prensa de Información Económica (APIE), patrocinados por BBVA, en Santander. Aunque sí que admitió que se puede provocar una “situación de incertidumbre” para los accionistas del Sabadell.
Justificación legal
Se abriría así una vía para que Carlos Torres pueda justificar una marcha atrás desde un punto de vista legal. De hecho, el banco de La Vela tendría de su lado la regulación de opas, que le permitiría retirar la operación si no cuenta con la autorización de la CNMC antes de que se cierre el periodo de aceptación del canje. La entidad ha condicionado la opa a recibir dicho visto bueno, a lo que se podría agarrar para retirarla si detecta un rechazo mayoritario de los accionistas del Sabadell, según las fuentes.
De hecho, la cúpula de BBVA contemplaba unos plazos similares a la autorización a CaixaBank para adquirir Bankia en 2021, que fue aprobada en primera fase al anticiparse la entidad catalana y garantizar una serie de compromisos que evitaran el exceso de concentración en algunas regiones.
Examen técnico
En cualquier caso, desde Competencia no se quieren anticipar al dictamen y se limitan a señalar que el organismo examinará la operación desde un punto de vista “técnico”. En este punto, la fuerte oposición del Gobierno a la opa ha despertado críticas entre los técnicos de la CNMC, como publicó este medio. Cani negó “presiones políticas” a título personal, aunque se mostró ambigua: “No me constan. No sé si las habrá”.
La Ley de Defensa de la Competencia atribuye a la CNMC las funciones exclusivas sobre concentración. Lo lógico, como indican fuentes próximas al organismo, es que las operaciones de concentración se aprueben en primera fase, que se extienden durante un máximo de un mes. En este punto, se analizará la operación y el consejo de la CNMC decidirá si debe ser autorizada (con o sin compromisos) o si, por el contrario, exige un análisis más detallado.
Como ocurrió con la compra de Bankia por CaixaBank, la entidad adquiriente se suele anticipar y propone una serie de medidas a Competencia para limitar su impacto en el sector bancario. Si en la primera fase se detectan problemas de competencia que requieren un mayor análisis, se pone en marcha una segunda fase, con un análisis “más minucioso todavía” que, normalmente, incluye la consulta a terceros interesados.
El consejo de la CNMC decide si la concentración debe ser autorizada o si requiere que se apruebe sujeta a los compromisos que propone el comprador para que autoricen su operación. En el caso de que los compromisos no fueran suficientes para resolver los problemas de competencia identificados, el organismo puede imponer condiciones que complementen o, incluso, que sustituyan los compromisos propuestos por el comprador.
Veto por seguridad nacional
La entrada en vigor de la Ley de Defensa de la Competencia del año 2007 otorga a la CNMC la exclusividad en la autorización de las operaciones. Únicamente si se prohíbe o si se subordina a compromisos o condiciones una determinada operación durante la segunda fase, el Ministerio de Economía podría decidir elevarla al Consejo de Ministros. En estos supuestos, el Ejecutivo tendría un mes para desmarcarse de la propuesta de la CNMC, pero alegando criterios distintos de los de competencia, como los relacionados con la seguridad nacional, la protección del medioambiente o la promoción de la innovación, entre otros.
“El hecho de que haya menos bancos no quiere decir que haya menos competencia”, advirtió la presidenta de la CNMC, que en cualquier caso quiso dejar claro que aún es “prematuro” para saber si el examen técnico se aprobará en primera fase o tendrá que pasar por una segunda para cumplir con determinados criterios por la excesiva concentración.
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