El Estado venderá más rápido su participación en CaixaBank si hay un cambio de Gobierno tras el 23 de julio. La privatización del paquete estatal heredado del rescate de Bankia está paralizada desde finales de 2017 y ha ‘sobrevivido’ a una fusión con el banco catalán tras la irrupción del Covid. Ahora bien, la salida del Estado se acelerará si finalmente hay un cambio de inquilino en La Moncloa, según trasladan a Vozpópuli fuentes financieras próximas al Frob.
El Estado controla el 17,3% del banco como herencia de la fusión con Bankia. Antes de la integración con CaixaBank, sólo se vendieron dos paquetes representativos de un 14,5% en el mercado. De hecho, el plazo se ha prorrogado cuatro veces desde que el erario público entrara en Bankia en 2012 para atajar las dudas de los inversores por la salud del sector financiero.
"El Gobierno de Sánchez chocó de forma abrupta con CaixaBank por los sueldos de la cúpula nada más desembarcar tras la fusión con Bankia
Actualmente, el Estado tiene de límite hasta diciembre de 2025 para salir de CaixaBank. Entre los asesores del Frob se descuenta que un cambio de Gobierno propiciaría celeridad para vender la participación estatal, aunque no sea una decisión inmediata, según las fuentes consultadas.
Ventanas suficientes para hacer varias colocaciones
Sin tener en cuenta septiembre, cuando se prevé que se forme el nuevo Gobierno si no hay repetición de elecciones, el fondo de rescate público dispondría de cinco ventanas para vender en varias veces su paquete.
El 17,3% del Estado tiene un valor de mercado de unos 5.000 millones de euros, por lo que en cada una de las ventanas se podrían colocar unos 1.000 millones, una cantidad manejable en las colocaciones aceleradas, como señalan fuentes financieras. Este tipo de operaciones ofrecen además descuentos para atraer el apetito de los inversores.
"El impuestazo a la banca fue otro punto de fricción, aunque CaixaBank levantó muros para marcar distancias entre la gestión y los accionistas
La relación del Gobierno con CaixaBank ha pasado por varias fases desde la fusión con Bankia. El choque más sonado fue el provocado por los sueldos de la cúpula en 2021, justo unos meses después del desembarco del Estado en el accionariado de la entidad.
En la junta de ese año, el Gobierno, que se sienta en el consejo con un representante del Frob, se opuso al nuevo salario del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, que lo triplicó tras la integración.
Goirigolzarri ganó 1,69 millones en 2021, mientras que el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, percibió 3,89 millones. Estos sueldos levantaron ampollas en el Ejecutivo de coalición, sobre todo del ala de Podemos. Pero pasada la polémica, un año después el Estado se abstuvo en la votación de la nueva política de remuneración y después de que tanto Goirigolzarri como Gortázar se congelaran el sueldo fijo y variable para 2022.
Tensión por el 'impuestazo'
Un capítulo más en la tensión con el Gobierno se vivió a cuenta del impuestazo. La cúpula de CaixaBank fue muy crítica con el gravamen para recaudar unos 3.000 millones entre 2023 y 2024, y consideró la medida "errónea, distorsionadora y contraproducente". La entidad catalana recurrió el pago en los tribunales, a pesar de tener al Estado como accionista.
"Que el Frob esté en el consejo solo tiene que ver con temas que afectan a CaixaBank. Espero que siga de esa manera y no creo que vaya a cambiar", aseguró Gortázar para marcar distancias entre la gestión del banco y los planes del Gobierno.
¿Se recuperarán las ayudas públicas?
BFA-Bankia recibió una inyección pública de más de 24.000 millones de euros para su recapitalización y la de Banco Mare Nostrum (BMN), entidad que absorbió en 2017. Con las dos desinversiones, el Estado sólo ha recuperado alrededor de 3.500 millones vía dividendos de Bankia desde 2014 y de CaixaBank en 2021 y 2022, y tras las plusvalías obtenidas por las venta de dos paquetes representativos de un 14,5% en el mercado.
Ahora bien, este dinero no está en las arcas del Estado, sino que se ha quedado en BFA, la antigua matriz de Bankia, que ha utilizado estos ingresos para cubrir fundamentalmente el coste de litigios con inversores.
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