El Estado cerrará este año una de las brechas más profundas del rescate financiero. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) prevé liquidar a lo largo de este ejercicio las últimas garantías de ayudas públicas a los compradores de la antigua caja catalana CX y de la gallega Nova CaixaGalicia. El coste estimado para ambas entidades doce años después de sus rescates ascenderá a 20.385 millones de euros, según datos provisionales facilitados por el fondo de rescate.
Banesco, el primer banco privado de Venezuela propiedad de Escotet, compró en 2013 Novagalicia, que después convirtió en Abanca. Mientras que BBVA se hizo con CX en 2014.
El Estado había rescatado a ambas entidades con inyecciones de capital de 9.052 millones y 12.052 millones, respectivamente. Ambas cajas recibieron el mayor paquete de ayudas públicas del rescate financiero, con la excepción de Bankia, a la que se inyectó 22.424 millones.
"España empieza a olvidar poco a poco el rescate doce años después. La gran baza del Estado para recuperar ayudas es el 17,3% que controla de CaixaBank heredado de Bankia
En las ventas de las entidades, el Estado otorgó una serie de garantías para cubrir a los compradores de posibles litigios o activos deteriorados. El fondo de rescate estima pagar a BBVA y Abanca los últimos 18 millones de euros por estos conceptos (11,4 millones y 6,7 millones, respectivamente) a lo largo de este ejercicio, según fuentes del Frob. Estas cantidades ya están provisionadas en las cuentas del fondo de rescate.
En el caso de CX, el Estado recuperará este año unos 33 millones de BBVA por un desfase en las garantías abonadas en los últimos ejercicios. El fin de las garantías estatales por la compra de la antigua caja catalana llegará en plena opa del grupo de La Vela para hacerse con el Sabadell y con una fuerte presión social en la sociedad de Cataluña en contra de dicha operación.
Banco de Valencia
Con el cierre de estas garantías, España empieza a olvidar poco a poco el rescate financiero de 2012. Ya en 2023 se liquidó la garantía otorgada por el Esquema de Protección de Activos (EPA) de Banco de Valencia, con un total abonado por el Frob por esta garantía de 206 millones de euros, cifra muy inferior a los 600 millones de euros que se estimaron en el momento que se concedieron. Banco de Valencia recibió una ayuda pública en capital de 5.498 millones.
El Estado inyectó 56.545 millones en el rescate de un total de diez entidades. La mayor inyección de dinero público fue para Bankia, que percibió los citados 22.424 millones, a los que hay que sumar los 1.645 millones con los que se rescató Banco Mare Nostrum. Esta entidad nacionalizada fruto de la fusión de las cajas de Murcia, Penedés, Sa Nostray Granada fue absorbida por Bankia en 2017.
Casi 7.000 millones de valor en CaixaBank
La gran baza para la recuperación de ayudas es precisamente la entidad fruto de la unión de siete cajas: Madrid, Bancaja, Laietana, Insular, Rioja, Ávila y Segovia. Con su integración en CaixaBank en 2021, el Estado cuenta con una participación del 17,3% del banco catalán, que está batiendo máximos en Bolsa al calor de los tipos de interés. Este paquete tiene en la actualidad un valor de mercado de 6.800 millones.
La fecha límite para que el Frob salga del accionariado de CaixaBank expira en diciembre de 2025. El plazo ya se ha prorrogado cuatro veces desde el rescate de Bankia en 2012 en plena incertidumbre de los inversores por la salud real del sector bancario español. Y hay dudas sobre las intenciones del Gobierno, que prefiere retener una participación como influencia en el sector.
El fondo de rescate se sienta en el consejo con un representante dominical, Teresa Santero Quintillá. No tiene una interferencia directa en la gestión de la entidad, como se encarga de poner de manifiesto la cúpula, pero lo cierto es que el Ejecutivo utiliza esta posición para presionar al sector. Así quedó patente cuando CaixaBank fue el primero de los grandes bancos en mover ficha para remunerar los depósitos y cuando defendió desde un primer momento un pacto hipotecario en el sector para cubrir a las familias vulnerables del rally del euribor.
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