El Fondo Monetario Internacional (FMI) irrumpe de forma indirecta en la renovación de la cúpula del Banco de España. Con la sucesión del gobernador atascada tras la propuesta de Moncloa de situar al ministro José Luis Escrivá, el organismo internacional muestras sus sospechas de que la injerencia política puede “socavar” la independencia de la institución.
“La representación de personas designadas por políticos en los órganos de decisión del BdE también tiene el potencial de causar o ser percibido como causante de interferencia gubernamental que podría socavar la independencia operativa del BdE”, advierte el FMI en una nota técnica publicada este mes tras su visita a España para evaluar al sector financiero, cuyo examen finalizó el pasado 12 de julio.
A los técnicos del FMI les choca que la secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, se siente en el consejo de gobierno del Banco de España, el órgano en el que se toman las grandes decisiones del funcionamiento de la institución. Entre otras, fija la postura a defender en las reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), aprueba circulares, impone sanciones y designa a altos cargos de supervisión.
"Moncloa y el PP han paralizado las negociaciones para pactar la nueva cúpula del Banco de España tras la propuesta del ministro Escrivá como gobernador
Este consejo, como es lógico, está liderado por el gobernador y la subgobernadora, y está formado por otros siete miembros con vínculos con distintos partidos políticos.
Precisamente, Conthe también es una de las candidatas que ha sonado para suceder a Pablo Hernández de Cos. Fuentes financieras aseguran que es la preferida por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La actual secretaria general del Tesoro es hija de Manuel Conthe, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Dudas sobre las intenciones del Gobierno
Para justificar sus dudas, el FMI pone sobre la mesa también la posibilidad de que participen en dicho consejo tanto el ministro de Economía como el secretario de Estado de Economía, aunque sin capacidad de voto. “Podría ser visto como otra forma potencial de interferencia gubernamental, ya que también pueden presentar alguna petición a considerar por el consejo de gobierno”, advierte el organismo internacional.
Esta prerrogativa nunca se ha ejercicio en la práctica, al menos en los últimos años, según trasladó el Gobierno a los técnicos del fondo con sede en Washington, que, no obstante, aconsejan fórmulas alternativas de cooperación para intercambiar información y así evitar “socavar” la independencia del Banco de España.
Por este motivo, urge al Ejecutivo a limitar “el papel de los representantes políticos oficiales” en el máximo órgano de gobierno del banco central, sobre todo en la toma de decisiones sobre cuestiones de supervisión, sanciones, presupuestos y nombramientos de altos funcionarios para vigilar al sector financiero.
En el consejo de Gobierno también ocupa un sillón Montserrat Martínez, actual vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que Moncloa planea imponer como subgobernadora si finalmente el PSOE y el PP no logran acercar posturas para renovar la cúpula del Banco de España, como publicó ese medio.
"En medio de la opa de BBVA al Sabadell, los técnicos del FMI advierten del "alto grado" de concentración del sector bancario español incluso antes de que ambas entidades se fusionen
Las negociaciones, de momento, están paralizadas tras la propuesta de Escrivá por parte del Gobierno, que es rechazada de forma rotunda por el principal partido de la oposición. Pero el tiempo se agota y el 11 de septiembre, Margarita Delgado, que ejerce de gobernadora en funciones tras la salida de Hernández de Cos, cumple su mandato de seis años como número dos de la institución sin posibilidad de renovar.
En su evaluación del sector bancario, el FMI advierte además de que existe un “alto grado de concentración” en el sistema financiero español. En plena opa de BBVA para comprar el Sabadell y con la oposición de Moncloa a la operación, el organismo internacional alerta de que los cuatro bancos más grandes de España (CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell) concentran más del 90% de la actividad bancaria. Una situación que empeoraría en caso de que el grupo de La Vela acabe absorbiendo a la entidad catalana.
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