No habrá marcha atrás al impuesto a la banca. El Gobierno descarta frenar el gravamen al sector bancario para recaudar 3.000 millones de euros en dos años pese a que puede chocar con la normativa bancaria actual y sea cual sea la opinión al respecto del Banco Central Europeo (BCE). Así lo trasladan fuentes gubernamentales consultadas por Vozpópuli, que inciden en que en caso de que el supervisor único emita un informe sobre el impuesto "no será preceptivo".
El Grupo Socialista y Podemos, como socios del Gobierno de coalición, registraron el jueves pasado una proposición de ley para gravar con un tipo del 4,8% los ingresos por el negocio tradicional y por las comisiones netas. Y se controlará, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y del Banco de España, que las entidades no repercutan a los clientes el nuevo impuesto, con la amenaza de sanciones del 150% del importe trasladado. Estos planes chocarían con la normativa bancaria vigente, que obliga a los bancos a conformar el precio de sus productos teniendo en cuenta todos los costes, incluidos los impuestos.
El BCE está expectante para conocer la letra pequeña del gravamen extraordinario desde el 12 de julio, cuando Pedro Sánchez lo anunció en el Congreso. La intención del Ministerio de Hacienda es consultar con el supervisor único si el tributo es compatible con la ley bancaria, como publicó El Economista. Pero en el BCE todavía no hay constancia de que el Ejecutivo haya solicitado o vaya a solicitar su opinión sobre el impuesto, según fuentes próximas al supervisor único. Fuentes oficiales del BCE prefirieron no hacer comentarios.
La proposición de ley tiene que ser aceptada por el Congreso en una votación que podría producirse en la primera semana de septiembre, sin descartarse a finales de agosto. Ese podría ser el momento en el que el Gobierno, o bien el Parlamento, solicite la opinión del BCE.
En cualquier caso, no está claro que el organismo presidido por Christine Lagarde se vaya a oponer al plan del Gobierno. "Habrá que estudiar la letra pequeña del caso español", deslizan fuentes cercanas al BCE. Aunque la idea de Pedro Sánchez no ha gustado en el seno del supervisor único, que considera que puede afectar al crédito y añadirá incertidumbre al sector. De hecho, la nueva tasa puede alterar los planes de negocio de las entidades e incluso podría lastrar la capacidad de pago de dividendos de algunos bancos, como publicó Vozpópuli.
El Gobierno se enfrenta a los supervisores
El Gobierno mantiene una actitud combativa con el Banco de España, que en la práctica es la 'sucursal' del BCE en España. La reforma laboral y la de las pensiones han sido los dos puntos de fricción con Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Tanto Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, como José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han afeado a Hernández de Cos su postura sobre la dos reformas estrellas del Ejecutivo. "El gobernador del Banco de España vierte opiniones sobre asuntos que no son de su competencia", expresó sin ambages la vicepresidenta segunda.
En 2019, cuando Lituania anunció que aplicaría una tasa al sector financiero, el BCE exigió al Gobierno que midiera las consecuencias que podrían tener para el sector y dejó clara su postura de oposición. Pero, de momento, el supervisor se ha limitado a hacer una manifestación general sobre el plan de Sánchez. "Deberíamos evitar que afecte al crecimiento del crédito. El impuesto no debería dañar la solvencia de los bancos ni endurecer las condiciones de financiación. Siempre hemos dado este mensaje. No sabemos las características del impuesto de España, queda mucho por concretar y esperaremos un poco", dijo Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, hace dos semanas.
Los principales banqueros españoles han advertido de que el nuevo impuesto restará capacidad para prestar dinero a la economía, lo que a su vez lastrará la inversión y el crecimiento de la actividad. El nuevo gravamen pondrá en riesgo, según las estimaciones del Banco Santander, en torno a 50.000 millones en crédito. De hecho, las entidades preparan una acción a nivel sectorial para tratar de que o bien el PP o bien Vox presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto.
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