El Gobierno y los bancos apuran en las negociaciones para ayudar a los hipotecados más vulnerables a la crisis de precios. El Ministerio de Asuntos Económicos estudia relajar las provisiones por extender el plazo de los créditos inmobiliarios que se encarezcan un 30% por la subida del euribor para impulsar un acuerdo sectorial. Así consta en el borrador del real decreto que negocia con las entidades, que quieren evitar una intervención del Gobierno sin contar con el sector, como ocurrió con el 'impuestazo'.
La legislación financiera actual en Europa obliga a los bancos a reclasificar bajo vigilancia especial las operaciones que alargan el plazo de amortización de los créditos, que en este caso las patronales han planteado extender hasta 5 años siempre que no supere los 40 años desde su concesión. Se incluirían en lo que en el argot financiero se conoce como stage 2 o riesgo computable en riesgo 2 y que no es otra cosa que préstamos al corriente de pago pero que dan señales de deterioro.
La normativa obligaría a dotar nuevas provisiones por estas extensiones, aunque las entidades analizarían caso a caso. La última palabra la tendrán la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y el Banco Central Europeo (BCE), con el que el sector mantiene conversaciones para relajar la normativa como ya ocurrió con la pandemia, como publicó este medio.
"El Gobierno tendrá que impulsar una legislación favorable, aunque para eso se necesita de un paraguas europeo", trasladan fuentes próximas a las entidades. El Gobierno, tras la relajación impulsada por la EBA ante la irrupción del Covid, ya liberó a los bancos de hacer provisiones por la moratorias hipotecarias.
Los bancos han pedido a Economía que las extensiones no se computen a efectos de provisiones en la batería de propuestas para proteger a los hipotecados más afectados por la inflación descontrolada y ante la amenaza de una recesión económica. Fuentes del Ministerio de Economía no hicieron comentarios al respecto.
Como contrapartida, las entidades se comprometen por escrito a aplicar las medidas con independencia del nivel de solvencia del cliente, como recoge el borrador del real decreto. El Gobierno estudiará estas propuestas remitidas por la banca, pero se desmarca de que se trate de un texto consensuado, según señalan fuentes gubernamentales.
Para acogerse a las medidas, según la última propuesta de las patronales a 18 de octubre, los deudores deben cumplir con una serie de requisitos, como que la hipoteca se haya encarecido un 30% tras la revisión del euribor y que los ingresos familiares no superen tres veces el Iprem anual en 14 pagas, esto es 24.318 euros al año, entre otros.
El Gobierno traslada los planes al BCE
"Doy la bienvenida a todas las propuestas, los equipos están ahora mismo en Madrid analizándolas y trabajando intensamente para que cuanto antes veamos cuáles pueden ser las más eficaces", dijo ayer Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos desde Francfort tras reunirse con la presidenta del BCE, Christine Lagarde. El supervisor único ya conoce de primera mano las negociaciones sobre las hipotecas en riesgo por la crisis de precios, como puso de manifiesto la vicepresidenta, que volvió a advertir al sector que quiere un "catálogo de medidas".
María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, se mostró ayer a favor de ayudar a los hipotecados con más dificultades para hacer frente a la subida de las cuotas. "El sector bancario está preocupado. Tenemos claro que ahora son momentos delicados. Vamos a ayudar a los clientes", garantizó Dancausa. El foco de los bancos está sobre la producción hipotecaria de los últimos cinco años.
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