El Gobierno cede a varias peticiones del Banco Central Europeo (BCE) para diseñar el impuesto a los bancos. El PSOE y Unidas Podemos han presentado varias enmiendas en el Congreso en las que especifica que la recaudación de unos 3.000 millones de euros por la tasa que se aplicará entre 2023 y 2024 se destine a “unos determinados fines”, tal y como exigía el supervisor único en su dictamen emitido al pasado 2 de noviembre.
El sector bancario reclamaba que este impuesto fuera finalista y no se pudiera dedicar, por ejemplo, a reducir el déficit público. “El BCE ha recomendado en el pasado que sea necesaria una clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general”, advirtió el supervisor.
Otro de los cambios relevantes en las enmiendas, que previsiblemente se aprobarán por los socios del Gobierno de coalición la semana que viene, da un cierto respiro a los grandes bancos, que reclamaban que el impuesto afectará también a las entidades extranjeras para evitar distorsionar la competencia. El Ministerio de Hacienda cambia así de postura en 24 horas, ya que había trasladado que no se contemplaban cambios relevantes y "sólo técnicos" en la proposición de ley. Esto fue lo que señaló a este diario preguntado precisamente por el perímetro del impuesto.
Listón de 800 millones
Se mantiene el listón de 800 millones en los ingresos típicos y comisiones por la venta de productos financieros, con la referencia de 2019, como se recogía en la proposición de ley, pero se incluyen todos las entidades sujetas a la supervisión directa del BCE, “incluidas las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras, con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones”, según las enmiendas.
De esta forma, bancos extranjeros con presencia en España, como ING, Deutsche Bank O BNP, entrarán finalmente en el perímetro del impuesto. También otras grandes entidades como Bank of America o JPMorgan.
“El gravamen se extiende a todas aquellas entidades radicadas en España que, por su tamaño, importancia económica u otras características quedan bajo la supervisión directa del Banco Central Europeo, todo ello con la finalidad de no alterar la competencia en el mercado, favoreciendo la igualdad de condiciones”, justifican el PSOE y Podemos.
El BCE había alertado de que aplicar el gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría “falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria”.
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