El magistrado José Luis Calama Teixeira ha procesado a Ángel Ron y otras 12 personas por la caída del Banco Popular. El instructor ha dado el primer paso para enviar al banquillo a estos exdirectivos y a PwC por los presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable por la ampliación de capital de 2016. Por contra, archiva la causa para el que fuera último presidente de la entidad, Emilio Saracho, y otros 20 imputados.
En un auto de 178 páginas, el magistrado desgrana todas las diligencias practicadas desde que se abriera causa en 2017 y determina que los investigados a los que ahora se propone juzgar habrían manipulado las cuentas del ejercicio 2015 y las del año de la ampliación para "ofrecer una imagen económica que evitara que la entidad fuera intervenida así como hacer viable la operación".
En relación al delito de estafa a inversores, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 explica que el Popular en 2015 reflejó en su cuenta de resultados un beneficio contable de unos 105 millones de euros y en el primer trimestre de 2016, año de la ampliación, unos 93 millones de euros. Al respecto detalla que si se hubieran clasificado y dotado correctamente los créditos dudosos y los activos adjudicados, el Popular habría superado los 2.500 millones de pérdidas contables.
"Los inversores del Popular fueron engañados"
"El mercado y, por tanto, los inversores, fueron engañados, pues las cuentas anuales (2015) y trimestrales (2016) no recogían esos enormes déficits de dotaciones. A ello contribuyó, la colaboración consciente del auditor externo (PwC), pues no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de Banco Popular el año 2015 ni en el informe limitado respecto de los estados financieros del primer trimestre de 2016", reza el auto.
Ha quedado extramuros de la instrucción la actuación de los supervisores (CNMV/BdE/BCE),pues desde el inicio de la investigación penal así se dispuso. A otros ámbitos corresponderá ponderar si estuvieron o no a la altura de su importante misión institucionalAuto del juez
En relación al delito de falsedad contable, el instructor determina que el mercado dispuso de una información financiera continuada en el tiempo del entonces sexto grupo bancario del país que no reflejaba la imagen fiel del patrimonio y tampoco de su balance.
El juez recuerda que estas cuentas fueron conocidas a través de varios canales, entre ellos la CNMV, pero explica que los supervisores quedan "extramuros" de la investigación penal porque así se dispuso desde el principio. "A otros ámbitos corresponderá ponderar si estuvieron o no a la altura de su importante misión institucional", sostiene.
El instructor desgrana los 37 interrogatorios que se han practicado durante la instrucción, así como las 60 testificales acordadas durante el procedimiento, de entre las que destacan la de Jesús Fernández Martínez Usano, el inspector del Banco Central Europeo que supervisó los últimos meses de vida de la entidad antes de acabar resuelta por la JUR.
Como informó este medio, su declaración (que se dividió en dos días al alargarse más de nueve horas) fue determinante para el futuro de los imputados en tanto ratificó el contenido de sus informes en los que alertó de un déficit de provisiones superior a los 1.000 millones de euros y de créditos mal calificados.
Archivo de Emilio Saracho
En relación a sus conclusiones, el juez explica que detectó irregularidades que, a fecha de cierre del ejercicio de 2016 oscilaban entre un mínimo de 1.418 millones de déficit de cobertura y un máximo de 1.620 millones. Según expuso, son consecuencia directa de "vulnerar de manera consciente y deliberada" la circular 4/2020 del Banco de España sobre la regulación de los productos bancarios.
En relación a Emilio Saracho, a quien le archivan las diligencias junto con otra veintena de personas, el magistrado Calama detalla que, en su condición de último presidente del Popular antes de su resolución, tomó posesión el 200 de febrero de 2017 y que no tuvo "ninguna intervención en las vulneraciones de normativa contable" que destacaron los peritos.
Aunque Saracho fue imputado por filtrar presuntamente información negativa del banco, el instructor concluye que no se ha podido constatar que fuera el autor de dichas filtraciones y que, por tanto, no ponderan su gestión entre los meses de febrero y junio porque no es el cometido de este órgano judicial.
Entre las personas que no irán a juicio se encuentra el empresario mexicano Antonio del Valle, quien lideró la inversión de 450 millones en el Popular. También se archiva la causa para el que fuera secretario del Consejo de Administración, Francisco Aparicio Valls, o el exconsejero delegado del Popular, Pedro Larena.
Por contra, integran la lista de procesados Ron, el exvicepresidente del Popular Roberto Higuera, el exconsejero delegado Francisco Gomez Martín, el exdirector de Auditoría Jesús Arellano Escobar, y el que fuera director de Negocio José Ramon Alonso Lobo. A estos últimos se les imputó durante la instrucción por las instrucciones veladas a clientes para participar en la ampliación del Popular "a pesar de que estaban expresamente prohibidas" en el Manual de políticas de riesgo de la entidad.
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