Los bancos toman posiciones ante el próximo Gobierno tras las elecciones del 23 de julio. Tanto el PSOE como el PP no descartan hacer permanente el impuesto extraordinario para 2023 y 2024, y las entidades financieras tratan de que al menos sirva para ayudar a los hipotecados en dificultades por las enésimas subidas de los tipos de interés. Además evitarían el impago y el sector tendría menos necesidades de hacer provisiones.
"Si hay que pagarlo, que sea finalista", resumen fuentes próximas a los bancos consultadas por Vozpópuli. Este planteamiento de la banca ya se deslizó en las conversaciones con el actual Gobierno de Sánchez para que el nuevo gravamen se dedicara a un fin determinado, como, por ejemplo, para reducir el déficit público.
Una recomendación que también fue sugerida por el Banco Central Europeo (BCE) en su dictamen contra los planes de Pedro Sánchez antes de su aprobación en el Parlamento y que Hacienda amagó con asumir en la fase de enmiendas.
"Sabadell y CaixaBank han salido en tromba contra la presión de Calviño para pagar por los depósitos. Aseguran que acabarán subiendo los intereses, pero no por lo que diga la vicepresidenta. Sólo lo marcará la propia competencia, según Goirigolzarri y González-Bueno
El impuesto recaudará unos 3.000 millones en los dos años extraordinarios, de los que los grandes bancos cotizados ya han pagado una factura de 1.120 millones en las cuentas del primer trimestre, cuando han decidido cargar ya la cantidad íntegra correspondiente a este ejercicio.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno, ha propuesto un bono extraordinario para ayudar a las familias con el pago de hipotecas, que tendría un coste fiscal de unos 1.000 millones para créditos de hasta 250.000 euros. Es decir, se podría financiar de largo con el nuevo gravamen a las entidades financieras.
AEB: Si es inevitable...
"No nos gusta el impuesto. No queremos el impuesto. Si es inevitable, podría valorarse la posibilidad de hacer un fondo para vulnerables", afirmó ayer Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB) en unas jornadas financieras en Santander organizadas por la APIE y la UIMP, patrocinadas por BBVA.
A menos de tres semanas para la campaña electoral, el Gobierno ha endurecido el discurso contra los bancos. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, ha vuelto a poner al sector bancario en el foco del debate público al exigir a los grandes bancos que paguen "adecuadamente" por los depósitos de los clientes.
Pero las entidades se han revuelto y han contraatacado a Calviño: "Los depósitos subirán, pero no cuando lo diga ella (Calviño), sino por la competencia", replicó con contundencia César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, en el mismo foro.
Líneas rojas para la reunión sectorial
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, advirtió a Calviño que "son los bancos los que tienen que tomar las decisiones en política de precios". Hay que tener en cuenta que el Estado, a través del FROB, conserva un 17% en el capital de CaixaBank como herencia de la compra de Bankia, con lo que la tensión por cualquier comentario del Gobierno sobre el sector es especialmente sensible para el banco catalán.
Con esta tensión de fondo, Calviño se reunirá el próximo 29 de junio con las patronales AEB, CECA y Unacc para analizar el pacto hipotecario, pero la vicepresidenta económica adelantó que también pedirá explicaciones por el retraso en la remuneración de los depósitos. Goirigolzarri, no obstante, marcó ayer las líneas rojas y rebajó las pretensiones de la vicepresidenta: "Cada banco toma sus propias decisiones, no las patronales", avisó.
El presidente de CaixaBank esgrimió precisamente que retrasar el pago de los depósitos es una estrategia individual de cada banco y que cualquier iniciativa a nivel sectorial sería una "mala práctica" para la competencia.
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