La City irrumpe en plena batalla por los impuestos en España. Los grandes inversores internacionales desconfían del plan del Gobierno de coalición y alertan de la inseguridad jurídica por los cambios repentinos en materia fiscal, como el nuevo gravamen a los bancos y la creación de un impuesto a grandes fortunas, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. Y les preocupa que Pedro Sánchez y Podemos intensifiquen la presión sobre los bancos como arma electoral en los próximos meses.
El Gobierno quiere aprobar los nuevos impuesto a la banca y energéticas antes de 2023 para recaudar unos 7.000 millones en dos años. Y acaba de anunciar un tributo temporal a partir de enero a las grandes fortunas como réplica a la supresión y rebajas del Impuesto de Patrimonio en algunas comunidades como Andalucía, Galicia y Madrid.
"Los inversores temen que el Gobierno de coalición promueva más medidas contra la banca ante el cambio de rumbo de los tipos de interés", reconoce un ejecutivo bancario de uno de los grandes bancos del Ibex.
El Gobierno se ha abierto a corregir el impuestazo para evitar un choque frontal con el BCE"
Este directivo, que pide el anonimato, advierte de que la "inseguridad jurídica" en España es una de las principales preocupaciones que le han transmitido los grandes inversores internacionales durante una reciente visita a Londres.
Hace unos días saltó al debate público, a propuesta de Podemos, fijar un tope a los intereses de las hipotecas variables. Tras ocho años con tipos de interés en negativo, el Banco Central Europeo (BCE) ha acelerado el encarecimiento del precio del dinero, de momento hasta el 1,25%, y ha disparado el euríbor a doce meses, la referencia de la mayoría de las hipotecas, por encima del 2%. Se trata de un nivel que no se daba desde 2011. El Gobierno ha rechazado fijar límites a las hipotecas variables, aunque en la City se desconfía y no se descarta que tome medidas en este sentido.
La City descuenta un cambio
En cuanto al 'impuestazo' a la banca, que gravará el 4,8% de los ingresos típicos y de las comisiones de las entidades para recaudar unos 1.500 millones al año entre 2023 y 2024, los inversores de la City detectan un cambio de postura en el Gobierno y descuentan que se suavizará, según las fuentes consultadas. De hecho, Nadia Calviño, vicepresidenta económica, se abrió a corregir el nuevo gravamen para "asegurar" que no tiene ningún impacto sobre la estabilidad financiera, precisamente, una de las principales advertencias del BCE.
Como publicó Vozpópuli, Sánchez quiere evitar el choque frontal con el supervisor y prevé pedir un informe de aclaración antes de que el nuevo tributo se convierta en ley. De hecho, ya se han iniciado los trámites para que el Congreso, en donde tiene mayoría los partidos de la coalición PSOE y Podemos, solicite la opinión del BCE.
La tramitación parlamentaria de la proposición de ley, con la que se creará el impuesto a las energéticas y a los bancos, arrancó el pasado viernes. El Gobierno quería una tramitación exprés, pero se enfriará a la espera de que se aclare la tasa europea a las eléctricas que ultima Bruselas.
En cualquier caso, los bancos han lanzado una contraofensiva para suavizar la nueva tasa y negocian con el Gobierno para extenderlo a entidades extranjeras con presencia en España, como ING, Deutsche Bank y BNP Paribas. Se pretende repartir el impuesto entre más bancos para aminorar el impacto en la gran banca. Las patronales AEB y CECA también presionan para lograr una compensación fiscal de unos 900 millones vía Sociedades como "mal menor".
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