El pacto hipotecario para proteger a las familias de las subidas históricas de los tipos no funciona. El Gobierno forzó antes de que acabara 2022 un acuerdo precipitado con la banca para contener las pretensiones de Podemos y prometió que llegaría a un millón de familias. Un objetivo desorbitado, ya que hasta el momento apenas hay 11.000 solicitudes, y que es más difícil de alcanzar por el bloqueo de las entidades a los hipotecados con avalista.
Así lo pone de manifiesto la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), una de las más representativas del sector, en una reciente carta remitida a Nadia Calviño, vicepresidenta económica, a la que ha tenido acceso Vozpópuli. "Estamos observando que la existencia de un aval en la hipoteca supone una barrera de entrada al código de buenas prácticas impidiendo su aplicación. Este podría ser uno de los motivos por el que el número de familias que se están acogiendo a estas medidas dista mucho de ser el calculado cuando se puso en marcha el mismo", advierte Patricia Suárez, presidenta de Asufin, a Calviño en la misiva, con copia a Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro.
El Banco Central Europei (BCE) sigue apretando el acelerador del precio del dinero para controlar la inflación y los tipos ya están en el 3,75%, el nivel más elevado en 15 años. Desde el propio Ejecutivo se admite que se podría mejorar el pacto hipotecario. De hecho, hay prevista una reunión de la vicepresidenta económica con las patronales AEB y CECA y las asociaciones de consumidores en junio.
En el sector bancario se considera que aún es pronto para evaluar el acuerdo. Y vaticinan que la presión de los tipos en los presupuestos familiares será más agresiva a partir del tercer trimestre, cuando se cumplirá un año del inicio del ciclo alcista por parte del BCE y cuando las repreciaciones de las cuotas hipotecarias recogerán casi al completo las subidas, como indican fuentes próximas a los bancos.
Efecto perverso
"Debe recordarse que el aval es, precisamente, una medida adicional requerida por las entidades para una eventual situación de impago. Por ello, Asufin defiende que el aval que se impone como exención para aplicar el Código de Buenas Prácticas no debería operar si queremos que su objetivo y espíritu se cumpla, a saber: no dejar a las personas y familias en situación de precariedad económica por la subida del tipo", exige Suárez a Calviño.
Desde Asufin constatan a la vicepresidenta económica y al secretrario general del Tesoro que cada vez llegan "más casos" de familias que podrían asumir la hipoteca con alguna de las medidas establecidas en el pacto hipotecario, pero que el banco les deniega la solicitud. "Casi nunca por escrito dando a entender que tiene que ser su aval el que arrime el hombro", advierte la asociación como una posible mala praxis de las entidades. Fuentes bancarias aseguran que no se trata de una práctica generalizada entre las entidades.
Acuerdo sobre tres puntos claves
El acuerdo entre el Gobierno y el sector bancario se labró sobre tres pivotes. El primero forzaba el alivio para los hogares vulnerables cubiertos por el Código de Buenas Prácticas vigente y para rentas inferiores a 25.200 euros al año. En la segunda vertiente del acuerdo se ampliaba el ámbito de aplicación de dicho código para que aquellos hogares que no cumplen el requisito previo de incremento del esfuerzo hipotecario del 50% puedan acceder a una carencia de dos años, un tipo más favorable durante ese plazo y el alargamiento de hasta 7 años en sus préstamos.
Y para cumplir con las exigencias de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de alcanzar a las clases medias, el Ejecutivo forzó un acuerdo para crear un nuevo código que permitiera a las familias con rentas inferiores a los 29.400 euros anuales aliviar la carga financiera de las hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, mediante la congelación de la cuota durante 12 meses y el alargamiento hasta 7 años del plazo de amortización del crédito.
Este último punto fue el que más ampollas levantó entre los bancos, por el coste que le podría suponer vía provisiones y que finalmente se solventó con un cambio contable para evitar una reclasificación directa de los créditos como morosos.
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