Choque a la vista entre el Gobierno y el Banco Central Europeo (BCE) cuando ni siquiera está claro que Pedro Sánchez sea investido otra vez como presidente. El bloque independentista formado por ERC y Junts exige a Sánchez que traspase a la Generalitat la supervisión y vigilancia de la Fundación La Caixa. Y en caso de que el Ejecutivo finalmente ceda en esta pretensión para investir presidente a Sánchez, el supervisor único emitiría casi con toda probabilidad un dictamen si se plasma en un cambio de ley, como dan por hecho distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.
Ya existe un precedente. En julio de 2013, el supervisor único avaló la Ley de Cajas que impulsó un cambio drástico en la gobernanza y supervisión de las antiguas cajas. La Ley 26/2013 estableció que el Protectorado de las fundaciones herederas de las antiguas cajas con un ámbito de actuación que exceda el de una comunidad autónoma fuera pilotado por el Ministerio de Economía. Sólo había una excepción para la Fundación Kutxa, que controla el 32% del banco fruto de las tres antiguas cajas vascas.
"La reforma aborda varias deficiencias del gobierno de las cajas de ahorros españolas que, entre muchos otros factores, contribuyeron en cierta medida de la crisis del sector financiero español, y por tanto constituye un pilar importante del esfuerzo general de reconstruir la estabilidad financiera en España", expuso en su momento el supervisor único en su dictamen de 2013, firmado por Mario Draghi, entonces presidente del Eurobanco.
Condición del rescate financiero
La reforma obligó a la casi totalidad de las cajas a convertirse en fundaciones y perder así su condición de entidades de crédito. Se trataba de uno de los compromisos del Gobierno para liberar el rescate de Bruselas al sector financiero de más de 40.000 millones de euros y un paso clave para profesionalizar la labor de las cajas, que hasta ese momento estaban muy politizadas.
"Dentro del Banco de España se considera que ceder ante la Generalitat pondría en riesgo la adecuada gestión de la Fundación La Caixa
Sin hacer una mención expresa, el BCE apoyaba "también el nuevo concepto jurídico de la fundación bancaria y su regulación por el proyecto de ley", como recoge dicho dictamen consultado por Vozpópuli. Es decir, avalaba quitar a las comunidades autónomas el poder de supervisión y vigilancia de las fundaciones bancarias, y que quedaría en cuestión si el Ejecutivo de Sánchez se decide finalmente por hacer un cambio legal de esta regulación.
Con capacidad legal para entrar de oficio
En 2013, el organismo con sede en Francfort se pronunció a petición del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero el Ejecutivo no tiene obligación de solicitar dicho dictamen. En tal caso, el BCE tendría capacidad de entrar de oficio, según fuentes próximas al supervisor.
La postura en principio sería tibia, aunque el Eurobanco sería más contundente si detecta que el traspaso a la Generalitat puede suponer un "grave deterioro" de la profesionalidad de su gestión, según las fuentes consultadas. Fuentes oficiales del BCE prefirieron no hacer comentarios al respecto.
La exigencia de ERC y Junts para traspasar a la Generalitat el control de La Caixa no tendría que plasmarse por escrito, sino que se trataría más de un pacto verbal que se podría ejecutar más adelante, como señalan fuentes financieras.
Fuentes internas del Banco de España lamentan que la gestión profesional de La Caixa, que fue la principal caja que sobrevivió a la crisis de 2007 por no estar politizada, ahora está en riesgo si finalmente el Gobierno cede y traspasa la vigilancia a la Generalitat.
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