Acción conjunta a la vista contra el impuestazo. Las patronales bancarias se plantean recurrir en los tribunales de forma conjunta contra el impuesto de Sánchez y para ello se están armando con un ejército de abogados y consultoras, según distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. La AEB y CECA han intensificado la contratación de informes técnicos y jurídicos en los últimos días para cargarse de razones contra el nuevo gravamen que acaba de entrar en vigor.
Se han puesto en manos de varios bufetes de abogados y grandes consultoras, que avalarían con su firma la defensa ante los tribunales. Fuentes oficiales de AEB y CECA prefirieron no hacer comentarios al respecto. La intención es elaborar informes técnicos detallados como el presentado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), servicio de estudios de CEOE, pero con mayor carga jurídica y con el peso de los grandes despachos de abogados del país y expertos contables, como Uría Menéndez y PwC, entre otros.
El Instituto de Estudios Económicos daba por hecho que el impuesto sería anulado y reembolsado a las entidades por atentar contra varios principios de la Constitución, como el de seguridad jurídica y de generalidad e igualdad. Se estimaba un coste de 5.000 millones de euros para la economía española y de 72.000 empleos.
Pero las patronales quieren tener un examen exhaustivo que cuente con las firmas de los grandes bufetes para decidir la estrategia legal, como señalan desde uno de los grandes bancos del Ibex. "Todas las posibilidades están abiertas", señalan fuentes bancarias. Y estas posibilidades van desde no pagar, como algunos abogados están recomendando al estilo de las energéticas en Italia, a incluso que alguna entidad se desmarque y decida no recurrirlo.
El impuestazo entró en vigor en 2023, aunque el pago se hará con cargo a las cuentas del pasado año. El plan del Gobierno es recaurdar unos 3.000 millones entre este ejercicio y 2024, cuando examinará si lo hace permanente, un extremo que en el seno del Banco Central Europeo (BCE) ya se da por hecho sea cual sea el partido que se instale en La Moncloa tras las elecciones generales previstas para diciembre.
Acercamientos con el PP y Vox para tumbarlo en el Constitucional
La patronales intentaton tumbar el gravamen en el Tribunal Constitucional acercándose al PP y Vox. Pero el coste político en la antesala de un año cargado de elecciones (municipales y en varias comunidades, además de las generales) dio al traste con este movimiento, que requería del respaldo de al menos 50 diputados.
Los bancos consideran que la nueva "prestación patrimonial", como se recoge en el texto final de la ley, es un caso flagrante de doble imposición. Según el argumentario que manejan las entidades para rebatir al Gobierno, grava algo que ya está sujeto en el impuesto de sociedades y no se permite su deducción.
Pero entre los equipos jurídicos de los bancos, y a la espera de los informes encargados a despachos especializados, la estrategia con más fuerza encima de la mesa es la de que se contravienen los principios de igualdad y discriminación consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española. De hecho, este argumento para la batalla legal se ha reforzado tras el desplante del Gobierno al BCE dejando fuera del perímetro del impuesto a los bancos extranjeros.
Competencia desleal por dejar fuera a ING y Deutsche Bank
El nuevo tributo grava un 4,8% los ingresos típicos y las comisiones en la venta de productos financieros. Pero fija un listón de 800 millones sobre la base de estas partidas en las cuentas de 2019, que excluye a entidades extranjeras como ING, Deutsche Bank y las cajas rurales, entre otras. En su contundente informe contra los planes de Sánchez, el Eurobanco alertó de que se podía "falsear" la competencia si no se incluían también a las entidades extranjeras.
El Gobierno amagó con adaptar el impuesto a las peticiones del supervisor en la fase de enmiendas, pero finalmente no se aplicará a todas las entidades bajo el paraguas del Banco Central Europeo. Este desafió al supervisor, que también advirtió de que se perjudicaría la "igualdad de condiciones" no sólo en España, sino también en toda la Unión Bancaria, abre la puerta a que Bruselas pueda demandar al Gobierno por ilegalidad en el nuevo gravamen.
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