La oferta de BBVA puede gustar más o menos a los accionistas de Sabadell, y disgustar en mayor o menor medida al Gobierno y los supervisores por su carácter hostil. Pero la OPA impulsada por Carlos Torres cumple con todos los requisitos legales y será sometida a un proceso exhaustivo de revisión. Como cualquier concentración empresarial. A partir de esta realidad puede concluirse que el veto promovido por Moncloa tiene carácter exclusivamente político.
La sobreactuación del Ejecutivo ha sorprendido a muchos altos directivos de la banca por varios motivos. El primero es el mero lenguaje: "El Gobierno tiene la última palabra", aseveró este jueves Carlos Cuerpo. La declaración del -hasta ahora- 'moderado' ministro de Economía suena, más que a aviso, a amenaza; y rezuma el 'ADN' intervencionista con el que Moncloa está actuando en los movimientos accionariales de Telefónica o Naturgy.
La segunda razón preocupa más al empresariado. La predisposición del Ejecutivo al veto, sin que la OPA haya sido analizada aún como corresponde, emana una presión peligrosa sobre los supervisores independientes. Ellos son los que deben argumentar si la fusión implica o no riesgos para el mercado, el sistema financiero y la competencia.
Al presentar oficialmente su oferta, BBVA activó un proceso que puede durar entre seis u ocho meses. Como cualquier procedimiento de compra. La propuesta de Torres es llamativa por su carácter hostil, pero no es la primera ni será la última gran operación que vive el Ibex. Iberdrola y Endesa intentaron fusionarse sin éxito. Gas Natural y Unión Fenosa crearon la actual Naturgy. E Iberia y Air Europa están en pleno proceso de unión.
La oferta de BBVA sobre Sabadell será analizada, en primer lugar, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco Central Europeo (BCE) -a través del Banco de España- y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Si la operación pasa el filtro de los organismos independientes, la pelota pasará al tejado del Gobierno, que solicitará informes al Servicio Ejecutivo de la Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
El Gobierno sólo podría defender un hipotético veto si los reguladores independientes le dieran previamente argumentos sólidos para ello. Por eso inquieta tanto la presión que Moncloa pueda ejercer durante los próximos meses sobre la CNMV, la CNMC o el propio Banco de España. Esa presión variará en función del momento político que viva Pedro Sánchez, cuyo Gobierno depende del apoyo de dos partidos que se oponen radicalmente a la absorción del Sabadell (ERC y, sobre todo, Junts).
A nadie se le escapa que Moncloa lleva tiempo haciendo una importante labor de zapa para ganar influencia en los reguladores. En momentos como el actual, con una operación empresarial tan potente sobre la mesa, es vital que el Estado cuente con instituciones independientes sólidas, blindadas ante cualquier tentación política. Pero Pedro Sánchez nunca ha disimulado sus pretensiones.
Los tres organismos que examinarán la OPA de BBVA son 'víctimas' de una u otra manera de las maniobras de 'colonización' del Gobierno. El caso más evidente es el de la CNMV, en cuyo consejo de administración se sienta Mariano Bacigalupo, esposo de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. El último 'post' que Bacigalupo colgó en Linkedin detalla cuándo está justificada "la intervención pública en la economía". "Las libertades económicas garantizadas por el Derecho de la UE pueden ser limitadas por razones imperiosas de interés general, siempre que la intervención respete el principio de necesidad y proporcionalidad", recuerda Bacigalupo.
El marido de Ribera saltó a la CNMV desde la CNMC, un organismo que será determinante para la fusión BBVA-Sabadell, y que perderá poder y atribuciones en los próximos meses, por una decisión gubernamental. El Ejecutivo ya tiene en marcha la división de la instititución, en contra del criterio de su propia presidenta, Cani Fernández. Parte de sus responsabilidades serán desviadas a un ente de nueva creación, la Comisión Nacional de la Energía, para la que suenan ya varios perfiles próximos al matrimonio Ribera-Bacigalupo como posibles presidentes.
La transformación de la CNMC también se producirá paralela a la renovación de la cúpula del Banco de España. En poco más de un mes, Pablo Hernández de Cos dejará el puesto de gobernador. Se da por hecho que Pedro Sánchez colocará a un economista próximo (encabezan las quinielas Montserrat Martínez, Fernando Restoy y Ángel Ubide). El cambio permitirá al Gobierno reforzar su capacidad de influencia en el consejo del Banco de España, cuyo equilibrio de poderes ya está escorado hacia el lado socialista.
Ejemplo para BBVA
La sombra de Moncloa planeará durante la carrera de fondo que debe realizar BBVA. Conscientes de las dificultades, los equipos del banco ya están perfilando una estrategia basada en un ejemplo muy similar y muy reciente: la fusión de CaixaBank y Bankia. Esta operación, autorizada el 23 de marzo de 2021, se desarrolló por la vía amistosa, pero implicaba también una elevada concentración en el sector bancario español.
El equipo comandado por el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y José Sevilla (entonces CEO de Bankia) dio a los reguladores buena parte del trabajo hecho, asumiento importantes compromisos para que la fusión no alterara más de la cuenta el equilibrio del sector bancario. La CNMC impuso finalmente nueve condiciones, vigentes durante tres años, pero dio CaixaBank y Bankia lograron el veredicto deseado: "la operación no supondrá una amenaza para la competencia", aseguraba el comunicado que emitió Competencia.
Los abogados de BBVA ya están en contacto con la CNMC. Su presidenta se pronunció sobre la operación este jueves y se manifestó como corresponde a un técnico de ese nivel. Aseguró que "hay que mantener los sectores suficientemente competitivos y las estructuras de mercado competitivas". Pero también que "no necesariamente hay menos competencia porque haya más fusiones".
Cani Fernández se refirió a la operación en un acto del Instituto de la Empresa Familiar. El evento lo clausuró poco después Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno tendió la mano a los empresarios, pero en su discurso abogó por contar con "un Estado fuerte". Sólo un día después, su ministro de Economía recordó a BBVA quién tendrá, mientras dure la legislatura, "la última palabra".
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