Se consuma el desplante de Pedro Sánchez al Banco Central Europeo (BCE). El Gobierno aprobará la próxima semana en el Senado el impuesto a la banca sin apenas cambios desde que se registró en el Congreso como proposición de ley a finales de julio. Salvo un giro inesperado de última hora, la nueva tasa para recaudar 3.000 millones de euros solo recogerá una de las exigencias del supervisor único en su contundente dictamen: que sea finalista, tal y como trasladan a Vozpópuli fuentes parlamentarias.
"Agradecemos sus 'consejos', pero vamos a seguir adelante", desafió Sánchez tras el varapalo del BCE. Y así ha sido. La Comisión de Asuntos Económicos del Senado aprobó ayer el Informe de la Ponencia de la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas sin cambios respecto al texto remitido por el Congreso. Los grupos parlamentarios que conforman la coalición de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) no habían presentado ninguna enmienda en la Cámara Alta para corregir el nuevo gravamen a la banca.
La única concesión de Sánchez al BCE ha sido la de garantizar, con una enmienda que ya se sacó adelante en el Congreso, que el impuesto será finalista. El supervisor bancario había pedido especificar que la recaudación de 2023 y 2024, cuando está previsto aplicarlo, se destine a "unos determinados fines".
Los banqueros reclamaban que fuera finalista para evitar que se pudiera dedicar, por ejemplo, a recortar el déficit público. "El BCE ha recomendado en el pasado que sea necesaria una clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general", advirtió el supervisor, una petición que recoge expresa en el texto.
Se deja fuera a los bancos extranjeros
A menos que se recurra a enmiendas transaccionales, que en el Gobierno se descarta en principio, la nueva carga fiscal gravará un 4,8% los ingresos típicos y las comisiones en la venta de productos financieros. Pero fija un listón de 800 millones sobre la base de estas partidas en las cuentas de 2019, que deja fuera a entidades extranjeras como ING, Deutsche Bank y las cajas rurales, entre otras. Los grandes bancos habían reclamado incluir a todos los competidores para evitar distorsionar el mercado.
Para el BCE, este umbral "podría falsear" la competencia en el sector y "perjudicar la igualdad de condiciones" dentro de España y en toda la Unión Bancaria. De hecho, se abre la vía a que Bruselas pueda demandar al Gobierno por la ilegalidad del 'impuestazo'.
Los equipos jurídicos de los bancos extranjeros aún no lanzan las campanas al vuelo. Ahora mismo descartan tener que abonar el nuevo gravamen, de lo que no eran conscientes hasta hace unos días. Aunque, como recalcan desde una de las entidades implicadas, no dan nada por sentado y esperarán a la aprobación definitiva en el Parlamento. "Hasta cerrar la tramitación no descartamos que nos dejen fuera del perímetro del nuevo gravamen", señalan fuentes próximas a uno de los principales bancos extranjeros.
Fecha límite: el 22 de diciembre
En el debate de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la oposición centró sus críticas en el Gobierno por sacar adelante el nuevo gravamen sin tener en cuenta las advertencias del BCE. "No fue un tirón de orejas, el informe es consultivo", replicó Toni Ferrer, senador del PSOE. La Comisión dio el visto bueno al Informe de la Ponencia con 16 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.
La luz verde definitiva al 'impuestazo' lo tendrá que dar el Pleno del Senado la próxima semana, con el 22 de diciembre como fecha límite. Si se aprueba sin cambios, como parece indicar, el Gobierno se evitaría tener que pasar otra vez por la Cámara Baja y llegaría a tiempo para que el Parlamento diera el visto bueno este mismo ejercicio. Este ha sido el plan de Sánchez desde el inicio para empezar a gravar el negocio de los bancos ya en 2023. De hecho, se ha tramitado por la vía de urgencia sin tener en cuenta la opinión del sector y saltándose al Consejo de Estado.
Energéticas y grandes fortunas
Tampoco ha habido cambios en los otros dos impuestos que crea la proposición de ley, los de energéticas y grandes fortunas. En el caso de las energéticas, ya los hubo en el Congreso a instancias del PNV y PDeCAT. El Grupo Vasco logró en el debate de noviembre en el Congreso que las actividades reguladas y las actividades fuera de España se queden fuera, lo que informes del sector ha cuantificado que rebajó la factura de Iberdrola a la mitad.
El PNV confiaba con propiciar modificaciones también en la Cámara Alta para excluir negocios no energéticos y los ingresos por peajes, medidas que ha promovido la patronal de Repsol, pero salvo cambios in extemis en el Pleno la semana que viene no parece que vaya a haberlos.
Y es que los tiempos están muy ajustados, de hecho la semana que viene está agendado el último plano del año en el Congreso. Si se introducen cambios en el Senado, la proposición deberá volver a la Cámara Baja y si no diera tiempo a que se validara en este último Pleno, podría habilitarse la última semana del año con este fin.
Pero sobrevuela un peligro, el que se registre la moción de censura que analizan Vox y Ciudadanos, que paralizaría la actividad legislativa e impediría que se aprobara la norma este año, con lo que el impuesto a grades fortunas no podría entrar en vigor en 2022 como pretende hacienda y pagarse la próxima primavera.
Tampoco se ha admitido una enmienda de ERC que intentaba aclarar cómo opera el escudo fiscal del impuesto a grandes fortunas junto con el de Patrimonio, solventar el problema técnico de si se debe tener en cuenta la cuota íntegra teórica o la ya bonificada, y pedía eliminar de ese cómputo a Patrimonio. En Madrid, el efecto sería neutro, pero en otras comunidades elevaría la tributación, en el caso de las que tengan Patrimonio inferior a grandes fortunas, traslada Esaú Alarcón, abogado en Gibernau.
Con esta enmienda, ERC finalizaba su autoría en la arquitectura del impuesto, que creó en una enmienda a los Presupuestos de 2021 que no prosperó que que ha recogido Hacienda.
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