El Banco de España (BdE) rechaza las ayudas generalizadas en el plan de choque contra la guerra que el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes, incluirá medidas para todos los españoles, como la bonificación de los combustibles de 20 céntimos por litro hasta el 30 de junio. Sin embargo, el gobernador del organismo, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado esta mañana que las respuestas deben ser "granulares y focalizadas en los hogares, empresas y sectores más vulnerables".
Hernández de Cos ya había hecho esta recomendación hace unas semanas, cuando el Gobierno estudiaba qué medidas adoptar para paliar los efectos de la guerra. Entonces ya advirtió que las medidas debían ser "temporales" y "selectivas". Este martes, en un desayuno informativo celebrado en Pamplona, ha retirado el mismo mensaje, dado el "notable aumento de los desequilibrios presupuestarios durante la pandemia y el actual contexto de elevada inflación, evitando un impulso fiscal generalizado".
Asimismo, el gobernador del BdE ha reclamado que las medidas se acompañen de un diseño temprano y, una vez que la recuperación esté asentada, "de la implementación de un programa de consolidación a medio plazo que permita reducir gradualmente el elevado endeudamiento público". También se deberán aplicar "un conjunto exhaustivo y ambicioso de reformas que aborden nuestros problemas estructurales y eleven nuestro producto potencial, lo que también permitirá reducir nuestro endeudamiento público", señala.
Una inflación más persistente
El Banco de España ya había aumentado sus previsiones de inflación media en España para este año al 4%, pues antes de la invasión de Rusia ya "había repuntado con fuerza en la segunda parte del año pasado y que se estaba demostrando más persistente de lo inicialmente esperado.
No obstante, con el nuevo contexto, "el efecto inflacionista de corto plazo del conflicto aumenta la probabilidad de la aparición de efectos de segunda ronda y, de esa manera, de la traslación de las presiones inflacionistas al medio plazo", ha alertado el gobernador del Banco de España. En este sentido, pide un pacto de rentas y evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista.
En sentido contrario, también ha advertido que la guerra generará un efecto negativo sobre el crecimiento a través del deterioro de las rentas reales de familias y empresas y del incremento de la incertidumbre, que podría ser muy significativo, en particular en el corto plazo y en un contexto en el que la economía del área del euro se encuentra todavía lejos de su nivel potencial.
16.000 millones en medidas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes un gasto 16.000 millones de euros en ayudas directas, bajadas de impuestos y créditos ICO para hacer frente a los efectos de la invasión rusa de Ucrania en la economía española. No obstante, en realidad el Estado sólo sufragará 6.000 millones, los otros 10.000 millones en créditos ICO que ha anunciado sólo se movilizan, ya que son avales a cargo de la banca.
Además de las ayudas directas en los carburantes, que se suman a las anunciadas ya para los transportistas por unos 1.060 millones, habrá un paquete de casi 500 millones de euros para la agricultura, la ganadería y la pesca, tres de los sectores más afectados por las consecuencias del conflicto bélico. A esto se le añaden 500 millones en ayudas directas a la industria electrointensiva y otros 1.000 millones dedicados a ciberseguridad.
Además, el Ejecutivo subirá un 15% el ingreso mínimo vital y se ampliarán las familias beneficiarias del bono social eléctrico. También limitará al 2% cualquier incremento en el precio del alquiler durante estos meses, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ronda el 8% y, en algunas comunidades, se aproxima al doble dígito. Finalmente, se prohibirá el despido, aunque en este sentido hay más controversia en el seno del Gobierno, entre PSOE y Podemos.
Todo esto se acompaña de una movilización de 10.000 millones de créditos ICO que la banca no ve bien en estos momentos, ya que le llevará a provisionar más. Se trata de 10.000 millones frente a los más de 100.000 que se movilizaron en la pandemia. Además de una batería de medidas de regulación energética que se basan en el pacto alcanzado el viernes en el Consejo Europeo para hacer de la Península Ibérica una isla energética en la que intervenir el mercado.
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