El Banco de España (BdE) alerta del deterioro institucional que ha sufrido nuestro país como uno de los retos estructurales de la economía española. En el informe anual de 2023, publicado este martes y coincidiendo con la 'no dimisión' del presidente del Gobierno, advierte de que ese "deterioro en la confianza en las instituciones de nuestro país y en la percepción en cuanto a su calidad" ha sido "más acusado que el observado en otros países de nuestro entorno".
"De acuerdo con el Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, mientras que en 1998 España se encontraba muy por encima de la media de la zona del euro en términos de calidad institucional, en 2022 la situación se habría revertido", señala el Banco de España en el citado documento.
En la misma línea apunta el Eurobarómetro de la Comisión Europea al comparar el nivel de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, el Gobierno nacional, el Parlamento y el sistema judicial entre 2007 y 2023. Según éste, "España ha pasado de mostrar unos niveles de confianza mayores que los de las otras grandes economías de la UEM a estar por debajo de ellas -excepto en la confianza en el sistema judicial, donde sigue ocupando el segundo puesto de la UE, tras Alemania-", añade el BdE.
Sin entrar a valorar la situación actual, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, apuntó que "el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó hace solo unas semanas, tras su misión en España, de que una fragmentación política continuada en el país podría suponer un lastre para economía".
El impacto económico del deterioro institucional
El supervisor bancario advierte de que "existe un amplio consenso" en que "el marco institucional y, más concretamente, la calidad de las instituciones y el grado de confianza que generan en los distintos agentes económicos son un determinante fundamental del crecimiento a largo plazo". Además, "existe evidencia empírica que apunta a que las pérdidas de confianza en las instituciones tienden a ser relativamente duraderas, por lo que sus efectos económicos también pueden presentar una elevada persistencia".
En este sentido, destaca que "existe margen para mejorar la calidad regulatoria en nuestro país, que no sólo afecta de forma negativa al tamaño empresarial y a la productividad de la economía española, sino también a la eficacia del sistema judicial".
Por otra parte, "se hace necesario impulsar la eficacia y la eficiencia de las AAPP españolas, lo que contribuiría a elevar la productividad y ejercería un efecto arrastre positivo sobre las decisiones de gasto, inversión e innovación del sector privado", señala el Banco de España.
Finalmente, la institución independiente también apunta que está pendiente la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, la valoración de algunas medidas ya aprobadas en el ámbito de la Función Pública, y la aprobación o ejecución de las nuevas propuestas de reforma en este ámbito. Todo bajo el amparo del Componente 11 del Plan de Recuperación para recibir fondos europeos, dedicado a la modernización de las AAPP y dotado con algo más de 4.200 millones de euros.
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