El Gobierno acabará el año sin la prometida reforma de las pensiones, un hito marcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) firmado con la Comisión Europea en junio de 2021 y de obligado cumplimiento para recibir el cuarto tramo de fondos europeos, dotado con unos 10.000 millones. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quitó hierro al retraso este martes, durante su comparecencia en Moncloa para hacer balance del año, asegurando que no supondrá "ningún problema".
Sin embargo, en un artículo publicado este jueves, el Banco de España (BdE) desdice al presidente y recuerda que si bien algunas medidas "permanecen en discusión", tales como la modificación del período de cálculo de la base reguladora o el aumento de la base máxima de cotización acompañada de una adaptación de la pensión máxima; "el compromiso adquirido en las disposiciones operativas del PRTR fija el cuarto trimestre de 2022 para terminar la reforma de las pensiones, momento en el que deberán publicarse proyecciones del sistema que muestren
que los cambios introducidos garantizan su sostenibilidad a largo plazo".
La segunda y última parte de esta reforma es clave, pues debe compensar el importante incremento en el gasto que supondrá la primera, con la indexación de las pensiones a la subida media de los precios en el año previo, que con la inflación de 2022 implicará una revalorización del 8,5% este 2023. En este sentido, Bruselas marcó el 31 de diciembre como fecha límite para cerrar la reforma y, posteriormente, recibir formalmente la propuesta que haga sostenible el sistema.
El objetivo del Gobierno era cumplir este objetivo y aprobar el último bloque de medidas (que se suman a las ya aprobadas este año, como un nuevo sistema de cotización para los autónomos y la reforma para impulsar los planes de pensiones de empleo) antes del 31 de diciembre. Sin embargo, las medidas pendientes (subida de bases y pensiones máximas y adecuación del periodo de cómputo) generan diferencias tanto con los agentes sociales (patronal y sindicatos) como entre los propios socios de Gobierno, especialmente en el periodo de cálculo que debe tomarse para calcular la pensión.
El presidente, Pedro Sánchez, defendió el pasado martes que "no hay ningún problema" si se produce un retraso de esta reforma, porque ya hay un "precedente" con el nuevo sistema de cotización de los autónomos, que se aprobó con un retraso de "unas cuantas semanas" y eso no significó un "freno" al desembolso de los fondos europeos. Desde este punto de vista, el presidente llamó a la "tranquilidad" y aseguró que la "hoja de ruta" del Gobierno en lo que respecta a las pensiones pasa por respetar el Pacto de Toledo, que es el que garantiza la sostenibilidad del sistema público.
En todo caso, el análisis de la Comisión, en el que determinará si la reforma es o no satisfactoria, llegará más tarde. Tal y como han informado fuentes comunitarias en varias ocasiones durante los últimos meses, procederán a evaluarla ya en el primer semestre de 2023, cuando el Ejecutivo solicite en cuarto desembolso de los fondos UE. El pasado mes de noviembre España solicitó el tercero, por 6.000 millones, al que Bruselas aún no ha dado 'luz verde'. Por mutuo acuerdo, y teniendo en cuenta que la Navidad está entre medias, ambas partes pactaron prorrogar el plazo un mes, permitiendo a la Comisión evaluar el cumplimiento de los hitos y objetivos marcados para ese tramo ya en enero.
Una deuda sin precedentes
En la respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Economía, Eva Poptcheva, la Comisión Europea advirtió a principios de diciembre que se podría comprometer la entrega de fondos de recuperación a España si no se lleva a cabo una reforma de las pensiones que asegure los principios de equidad intergeneracional y sostenibilidad.
El Gobierno tendrá que compensar no sólo la fuerte subida del gasto por la indexación al IPC, con un coste 'extra' próximo a los 15.000 millones que se consolidará en el tiempo, según los cálculos del Banco de España; sino también el incremento de los pensionistas -con la jubilación de los babyboomers-, y la entrada de beneficiarios con derecho a prestaciones más altas (efecto sustitución).
El pago de los casi 10 millones de pensiones a más de los nueve millones de pensionistas que hay en España costó en el mes de diciembre 10.943 millones de euros. Este periódico informó hace unos días de que, después de la revalorización, el desembolso al que tendrá que hacer frente la Seguridad Social el próximo mes de enero la nómina de las pensiones puede situarse en el entorno de los 11.850 millones de euros, de los que 8.600 millones (el 72,5% del total), corresponderán a pensiones de jubilación y cerca de 2.000 millones a pensiones de viudedad, las dos partidas más importantes.
En medio del debate sobre la sostenibilidad de las pensiones, principal gasto de la Seguridad Social, ésta acumula un volumen de deuda sin precedentes que asciende a 99.192 millones de euros, aproximadamente un 7,6% del Producto Interior Bruto (PIB) y un 8% más que hace un año. La Seguridad Social mantuvo sus niveles de deuda estables, en torno a los 17.000 millones, durante décadas. Sin embargo, en junio de 2017 el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy se encontró sin dinero suficiente en el Fondo de Reserva (conocido como 'la hucha de las pensiones') para pagar la paga extra de verano a los pensionistas. Fue entonces cuando la Seguridad Social recibió el primer préstamo del Estado, que se sucedió de muchos otros para poder afrontar el creciente coste de las pensiones.
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