"La tradicional gestión conservadora fue abandonada en los años previos a la crisis, cuando se opta por una política agresiva en la concesión de riesgos al sector promotor inmobiliario". Este extracto de un informe del Banco de España del 24 de febrero de 2012 resume la opinión que el regulador de Banco Popular ya a finales de 2011, cuando las preocupaciones eran otras como Bankia.
Algo que llevó a los inspectores a situar al Popular dentro de un "perfil de riesgo supervisor MedioAlto/creciente, en especial como consecuencia de los riesgos de crédito y de liquidez", según el informe al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El mismo hacía un análisis en profundidad de la ratio de morosidad que presentaba al mercado la entidad entonces presidida por Ángel Ron. Y, frente al 5,99% que anunció a los inversores el Popular a finales del 2011, el Banco de España debía estar en un mínimo del 7,7%. Una cifra que podía llegar, según cálculos del regulador, al 24,39% incluyendo adjudicados, créditos subestándar (con deficiencias de pago) y otros préstamos pendientes de inspección.
Morosidad oculta
Cuando Santander se quedó Popular en 2017, la morosidad declarada pasó en apenas unas semanas del 15% al 20%.
Los cálculos hechos a principios de 2012 por el equipo de inspección del Banco de España fueron hechos con un sistema de medición interno (SAD) y eran habituales para todo el sector, en especial en un momento como el que vivía la banca entonces. Durante esas fechas fue cuando aterrizó en el Ministerio de Economía Luis de Guindos con dos reales decretos bajo la manga para obligar a las entidades a aflorar el ladrillo oculto en sus balances.
Aun así, los cálculos del Banco de España cobran importancia ante la presión que están haciendo algunos afectados por la resolución del banco para reabrir la causa de la ampliación de 2012.
Popular captó 2.500 millones en noviembre de ese año para cubrir el agujero detectado por los reales decretos de Guindos y la revisión a la banca española de Oliver Wyman, dentro del examen previo al rescate financiero. La tasa de morosidad que declaró entonces la entidad era del 7,8%, poco más de la que veía el Banco de España nueve meses antes.
Fue la misma época en la que se cerraron los acuerdos con el fondo Thesan para crear sociedades en Luxemburgo con las que, presuntamente, tapar parte del agujero inmobiliario del banco.
