El conflicto de España con los fondos internacionales por el recorte a las renovables lleva enrocado más de una década. Y, de forma recurrente, aparece con fuerza en la actualidad. Este mes de abril es uno de esos momentos. Como explican fuentes conocedoras de estos pleitos a Vozpópuli, este pico está vinculado a la correspondencia que han intercambiado en las últimas semanas el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, y el Reino de España.
El CIADI enviaba a la Abogacía del Estado una carta, a la que ha tenido acceso este medio, para exigir que afrontara el pago de cerca de 120 millones de euros por el denominado ‘caso Antin’, por la compensación del recorte más los costes judiciales e intereses. España perdió este arbitraje ante el CIADI en 2018 y el Tribunal internacional ratificó su decisión un año después a favor de los inversores en energías renovables Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L y Energia Termsolar B.V, titulares del laudo Antin.
“El CIADI ha recibido la comunicación adjunta de fecha 16 de diciembre de 2022, junto con los poderes de representación también adjuntos, recibidos por el Centro el 23 de enero de 2023, informando que, a la fecha, el Reino de España no ha cumplido con el Laudo. En este sentido, hacemos referencia al Artículo 53 del Convenio del CIADI que dispone que el Laudo y la Decisión de Anulación son definitivos y obligatorios para las partes”, explica la carta del organismo del Banco Mundial.
Esta misiva, con fecha 25 de enero, era una reacción del organismo a la queja por parte de los inversores. Estas firmas internacionales quieren cobrar lo que les ha reconocido el Banco Mundial. Su protesta reside en que consideran a España una “democracia avanzada” que debe cumplir sus obligaciones dentro de su marco de seguridad jurídica. Sin embargo, los incumplimientos e impagos siguen escalando, hasta el punto de que solo Venezuela tiene tantos laudos pendientes de pago como informó Vozpópuli.
“Agradeceremos que el Reino de España informe al CIADI las medidas que hayan sido adoptadas para cumplir con los términos. En caso de que no se haya adoptado ninguna medida hasta la fecha, instamos al Reino de España a cumplir y acatar los términos del Laudo tal como lo dispone el Convenio del CIADI y con el fin de evitar la acumulación de los intereses previstos en el Laudo”, añaden.
España no ve motivos para pagar
El Reino de España, a través del Ministerio de Justicia, contestó a esta carta el pasado 22 de marzo a la exigencia del Banco Mundial. “El CIADI no juega ningún papel en el reconocimiento y ejecución de los laudos bajo el Convenio del CIADI, el cual no le reconoce ningún papel en esta materia. Por otra parte, este convenio no impone al Reino de España obligación alguna de informar sobre las medidas adoptadas”, apuntan desde el actual Gobierno.
Para el Ministerio de Justicia “desgraciadamente” este tipo de comunicaciones castigan a la UE porque ofrecen una “publicidad indebida” de los intereses e imagen del Reino de España. El Gobierno español le recuerda al organismo del Banco Mundial que tanto España como los demás estados miembros de la Unión Europea no han sometido a la jurisdicción del Centro los litigios que afectan con el Tratado sobre la Carta de la Energía a nivel europeo.
“Razón por la cual cualquier laudo dictado en una controversia de esta naturaleza constituye una extralimitación del tribunal arbitral”, afirman los funcionarios españoles. “En este sentido, el Reino de España solicita al CIADI que se abstenga de registrar solicitudes de arbitraje que se encuentren manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro, de conformidad con el artículo 36(3) del Convenio”, explican.
La UE es el escudo
España se agarra a su papel de país miembro de la Unión Europea, que están sujetos a los Tratados y sus disposiciones sobre Ayudas de Estado. La Comisión Europea actualmente está analizando si un laudo arbitral constituye una ayuda de estado. Algo que no es compatible “con la integridad del mercado interior”, como le recuerda Justicia al CIADI.
“El propio inversor es plenamente consciente de esta situación y del motivo por el cual España no ha procedido al pago de la cantidad fijada en el laudo, ya que se le ha dado la oportunidad (junto a otros inversores) de presentar las oportunas alegaciones en el procedimiento iniciado por la Comisión”, asegura esta carta a la que ha tenido acceso este medio.
El Gobierno también considera que los demandantes del ‘caso Antin’ saben que, de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea y su interpretación por parte del Tribunal de Justicia, que debería ser el sistema judicial de la propia Unión donde debería haber acudido para hacer valer los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico europeo.
“Sin embargo, esta información ha sido silenciada por Antin en su carta”, apuntan. Una respuesta contundente al Banco Mundial que ni el Ministerio de Justicia ni la Secretaría de Estado de Comunicación han querido añadir más ante la consulta de Vozpópuli.
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