La Audiencia Nacional ha estimado la solicitud de medidas cautelares de Banco Santander para evitar desembolsar una sanción de 36,5 millones de euros que le impuso Hacienda por la liquidación del Impuesto de Sociedades de 2005, según consta en un auto fechado el pasado 26 de enero consultado por Vozpópuli.
La entidad que preside Ana Botín recibió en 2015 dos acuerdos por parte de la Delegación de Grandes Contribuyentes: uno era una liquidación y el otro una sanción, ambos por el citado impuesto. Tras recurrir sin éxito al Tribunal Económico Administrativo Central, Santander ha llevado el litigio ante la Audiencia Nacional para frenar el pago de la sanción.
En su escrito, Santander alegó “perjuicios irreparables” en el caso de que se ejecutase la sanción e invocó la necesidad de suspender el pago para no hacer perder a la sentencia su efectividad (la sentencia de la sanción puede ser favorable para el banco). También señaló que la concesión de cautelares no afectaba de ninguna manera al interés público.
La Abogacía del Estado, representante de Hacienda en el caso, se ha opuesto a la concesión de las citadas cautelares, pero el tribunal considera que concurren los requisitos necesarios y ha optado por aceptar la petición del banco.
Resultados Banco Santander
El Banco Santander perdió 8.771 millones de euros en 2020, frente a los 6.515 millones que ganó en 2019 tras aumentar las dotaciones para hacer frente a la crisis del coronavirus y asumir un deterioro de 12.173 millones en el valor de sus filiales en Reino Unido, Estados Unidos y Polonia.
Según la información remitida este miércoles al supervisor del mercado español, la CNMV, excluyendo esos ajustes contables, el beneficio ordinario se situó en 5.081 millones en 2020, un 38% menos, en línea con el objetivo que avanzó en octubre la presidenta del grupo, Ana Botín.
La solvencia, medida por el ratio de capital de máxima calidad CET1 subió hasta el 12,34%, por encima del rango objetivo del 11-12%.
Los impuestos totales pagados por el Grupo en el ejercicio 2020 ascienden a 14.496 millones de euros, de los que 6.443 millones de euros corresponden a impuestos propios y el resto a impuestos recaudados de terceros.
Esto significa que, por cada 100 euros de margen bruto, se han ingresado 33 euros por impuestos, siendo 18 euros por el pago de impuestos recaudados de terceros y 15 euros por el pago de impuestos propios soportados directamente por el Grupo. En España, la entidad cántabra pagó 3.035 millones de euros.
Juicio contra Orcel
El próximo 10 de marzo, la presidenta del Banco Santander acudirá en persona al Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid para declarar, como representante del banco, en la vista oral del juicio por la demanda presentada por Andrea Orcel contra el banco.
La defensa del banquero italiano fue la que requirió que Botín declarase, junto al exdirector de Recursos Humanos del Santander, Roberto di Bernardini; el presidente de UBS, Axel Alfred Weber y el responsable de Recursos Humanos del banco suizo. Por otro lado, la defensa de la entidad cántabra solicitó la declaración del secretario del Consejo, Jaime Pérez Renovales.
Andrea Orcel con Ana Botín y José Antonio Álvarez
El presidente de UBS y Mark Shelton han solicitado declarar por videoconferencia, medida sobre la que previsiblemente tomará una decisión el juez el próximo lunes, según fuentes jurídicas consultadas por este medio.
Ana Botín podría haberse negado a declarar, lo que supondría que el juez pudiera "tenerla por confesa", pero, apuntan las mismas fuentes, "a efectos prácticos los jueces no suelen hacerlo", de acuerdo a las mismas fuentes.
Fichaje polémico
Orcel presentó demanda contra Santander el 27 de mayo de 2019, admitida a trámite el 25 de junio de ese mismo año.
El exbanquero italiano reclama el cumplimiento del contrato, su incorporación al cargo para el que había sido contratado por Santander -consejero delegado- y, subsidiariamente, una indemnización de 112 millones de euros. El banquero italiano acompañó su demanda con extractos de conversaciones grabadas con Botín.
La principal controversia es sobre la naturaleza de la relación contractual entre Santander y Orcel. El banco, que comunicó el 25 de septiembre de 2018 a la CNMV y a los medios de comunicación el fichaje del banquero italiano como consejero delegado, defiende la existencia de "una carta oferta", y no de un contrato formal.
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