El ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su condena por el agujero de 93 millones de euros que generó a la entidad. Frente a los cuatro años de prisión que inicialmente pedía el ministerio fiscal, el exdirectivo ha aceptado una pena de un año y seis meses de cárcel por delitos de administración desleal y de falsedad documental, según han informado a Vozpópuli fuentes jurídicas.
El acuerdo de conformidad con Anticorrupción tiene lugar después de que el banquero reconociera en sede judicial que había manipulado los procedimientos internos del Banco de Valencia para favorecer y conceder préstamos a un grupo de empresas. Parra, que declaró como acusado el pasado 26 de noviembre ante la juez Teresa Palacios, también admitió los hechos atribuidos por la Abogacía del Estado y la defensa de Caixabank.
El exdirectivo ha repetido la estrategia procesal que aplicó el pasado febrero, cuando aceptó un año y siete meses de cárcel y una multa de 330.000 euros por otro delito de administración desleal. En aquella ocasión se le juzgó por la gestión de préstamos a una sociedad que le era afín. Dos meses después, en abril, Parra fue condenado a cuatro años de prisión por el mismo delito en varias macrooperaciones urbanísticas financiadas por Banco de Valencia que causaron un agujero de 160 millones de euros.
Visto para sentencia
Esta vez, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le juzga por la operación de financiación desarrollada entre enero y marzo de 2007 a las empresas del denominado Grupo Soler por el importe de 312 millones de euros para que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pudiera adquirir una participación en Metrovacesa. Este martes el juicio quedó visto para sentencia.
En su escrito de acusación la Fiscalía califica este caso como la "mayor operación crediticia acometida por la entidad financiera en su historia". Según las pesquisas del ministerio público, dicha financiación se aprobó sin el análisis de viabilidad y sin la adecuada participación de los empleados de la entidad que debían evaluar el riesgo de la operación. Por ello, acusa a Parra de impartir las instrucciones correspondientes a los empleados del banco y de infringir "conscientemente los deberes inherentes a su posición, de lealtad y transparencia", en un "injustificado trato de favor al Grupo Soler", controlado por María Victoria Soler y Vicente Fons.
Conformidad de otro de los acusados
El administrador único de Alette Dome -una de las sociedades prestatarias que según la Fiscalía estaba "controlada" por el matrimonio Fons-Soler-, Rafael Ruiz-Jarabo, también ha llegado a un acuerdo de conformidad con el ministerio público. Fuentes jurídicas aseguran a Vozpópuli que el empresario ha pactado una condena de un año y tres meses por delitos de administración desleal y de falsedad documental frente a los tres años que se pedían inicialmente.
Durante el juicio el propio Ruiz-Jarabo reconoció a preguntas de Anticorrupción y de su defensa que había participado en la operación investigada "por pura amistad" con el matrimonio. “A mí me decían ven y firma aquí y yo firmaba”, admitió ante el tribunal.
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